Política

6 Nov 2015
Política | Por: Joshua Alfaro

Un atentado a la libertad de expresión

Como ciudadanos no podemos permitir una censura imperante por parte de la clase política actual. El único espacio que tenemos verdaderamente libre es el mundo virtual del internet.

A través de diferentes medios de comunicación hemos sido testigos en los últimos días cómo muchos políticos se enriquecen de manera exorbitante, en muy poco tiempo. Algunos, incluso, en cuestión de un par de años. Gracias a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), todo funcionario público está obligado a declarar su patrimonio desde el inicio hasta el final de su período en el cargo que desempeña.

Así podemos mencionar varios diputados que comenzaron con un modesto patrimonio y al cabo de unos años reportan jugosas ganancias anuales de grandes negocios súper exitosos; pareciera que muchos diputados son genios empresariales y brillantes financistas que opacarían a muchos inversionistas de Wall Street, pues pueden crear negocios prácticamente de la nada hasta convertirlos en empresas con amplias utilidades, además de invertir en fincas, casas y propiedades inmobiliarias que pagaron al contado a precios de ganga. Esto ha generado un repudio generalizado en la población civil, que día a día trabaja con muchos sacrificios para salir adelante.

En el 2011, la Asamblea Legislativa despenalizó los delitos referentes a la calumnia y difamación, contribuyendo a un ejercicio periodístico y opinión ciudadana libre de amenazas de cárcel. La iniciativa fue aplaudida por múltiples organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que promueven la libertad de expresión.

Actualmente, gracias a la tecnología como el internet y las redes sociales, cualquier ciudadano puede interactuar directamente con un político, a través de su cuenta de Twitter y expresarle lo que piensa. Tan solo hace menos de una década, lo anterior era imposible.

Este empoderamiento de la ciudadanía, aunque sea de manera virtual, probablemente ha hecho sentir incómodos a muchos poderosos en los altos cargos públicos, por lo que no es casualidad la nueva iniciativa que pretende volver a castigar con cárcel a los individuos que atenten contra el honor a través de calumnias y difamaciones.

La pieza de correspondencia presentada por la fracción de GANA pretende reformar los artículos 177, 178, 179 y 183 del Código Penal referentes a la calumnia, la difamación e injuria para ser penados con cárcel, es decir, pretenden revocar la despenalización de estos artículos que se aprobó en el 2011.

Lo anterior es un atentado directo a la libertad de prensa y expresión que había alcanzado el país en los últimos años. De aprobarse, El Salvador retrocedería décadas en los indicadores de libertades tan básicas como la de prensa y opinión y sería una victoria clara de la clase política para promover indudablemente otras leyes de censura al internet y las redes sociales. En otras palabras, les daría la confianza para impulsar una ley mordaza tal como vemos en los países como Cuba y Venezuela, donde periodistas y opositores del gobierno son encarcelados simplemente por criticar al oficialismo.

Como ciudadanos no podemos permitir una censura imperante por parte de la clase política actual. El único espacio que tenemos verdaderamente libre es el mundo virtual del internet; censurar y perseguir a los periodistas solo aumentaría la corrupción en las instituciones, que para muchos ya es casi imperante. Esperemos que como sociedad civil ejerzamos presión y defendamos nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión.

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