Política

30 May 2016
Política | Por: Redacción

¿Sabes qué es un juicio de cuentas, a quién se le hace y por qué razón?

 

Actualmente, el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, enfrenta un juicio de cuentas por irregularidades presentadas en su administración. La Corte de Cuentas de la República (CCR) aseguró que dentro de las investigaciones serían tomados en cuenta todos los miembros del concejo municipal.

Considerado un proceso contencioso administrativo, el juicio de cuentas es iniciado por la CCR con un informe de auditoría en la Cámara de Primera Instancia. Su objetivo principal es determinar responsabilidades administrativas o patrimoniales de funcionarios, empleados públicos e involucrados.

El artículo 3 de la Ley de la Corte de Cuentas de la República establece que “están sujetas a fiscalización y control de la Corte todas las entidades y organismos del sector público y sus servidores, sin excepción alguna. La jurisdicción de la Corte alcanza también a las actividades de entidades, organismos y personas que, no estando comprendidos en el inciso anterior reciban asignaciones, privilegios o participaciones ocasionales de recursos públicos. En este caso el control se aplicará únicamente al ejercicio en que se haya efectuado el aporte o concesión y al monto de los mismos”.

En el caso del juicio de cuentas contra Nayib Bukele, la CCR sostiene que “la deficiencia fue originada por el alcalde municipal y los demás miembros del concejo municipal, al realizar el primero y avalar los segundos, la delegación de un pariente del alcalde municipal como presidente de la junta directiva del IMDER, no obstante los impedimentos legales existentes”.

Por otro lado, el art. 30 de la ley afirma que “la auditoría gubernamental podrá examinar y evaluar en las entidades y organismos del sector público: las transacciones, registros, informes y estados financieros; la legalidad de las transacciones y el cumplimiento de otras disposiciones; el control interno financiero; la planificación, organización, ejecución y control interno administrativo; la eficiencia, efectividad y economía en el uso de los recursos humanos, ambientales, materiales, financieros y tecnológicos; los resultados de las operaciones y el cumplimiento de objetivos y metas”.

Las irregularidades fueron denunciadas por los concejales del partido ARENA, Mélida Luz Fonseca de Suadi y Gloria Angélica Figueroa de Rosa el 01 de julio de 2015. La Contraloría de la República de El Salvador estudió el caso y actualmente se encuentra a cargo de la Cámara de Primera Instancia.

El artículo 111 del Código Municipal dice que “no podrá ser empleado municipal el cónyuge o pariente hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad de alguno de los miembros del consejo”, a pesar de esto el edil capitalino ha contratado a cinco familiares en la comuna.

Actualmente, los encargados en determinar si se ha incumplido, o no, la Ley de Ética por la designación del Secretario Municipal y la directora de Unidad de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales es el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).

El art. 6 de la Ley de Ética Gubernamental que designa las prohibiciones éticas, entre estas se encuentra “nombrar a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, para que presten servicios en la entidad que preside o se desempeñe”.

A pesar de lo anterior, el TEG aún no ha definido si el regidor capitalino ha quebrantado la ley con estos nombramientos. La CCR ha hecho un llamado al Tribunal de Ética Gubernamental acelere el proceso de decisión contra Nayib Bukele.

En la alcaldía de San Salvador laboran la esposa del edil, Gabriela Rodríguez, como la nueva Secretaria Municipal de la Mujer; Yamil Bukele, hermano del alcalde, es el director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación (IMDER) y Hassan Bukele, primo del gobernante capitalino, es el Secretario Municipal de la Alcaldía de San Salvador. También la cuñada del alcalde, Arena Rodríguez Pérez Alonso, es directora de la Unidad de Cooperación Externa y Relaciones Internacionales; y Jorge Kattán Readi es el Director de Administración Municipal.

Luego de analizar el informe, la Cámara de Primera Instancia debe establecer las multas para los funcionarios auditados y les da un plazo de 15 días hábiles para que presenten su defensa. Luego, la Cámara declarará si las pruebas presentadas justifican los daños o le condena a pagar el monto correspondiente. La sentencia podrá ser apelada o revisada a petición del funcionario.

Si el edil capitalino resultara culpable de las responsabilidades administrativas, según lo establecido en el art. 107 de la Ley de Corte de Cuentas, se afirma que “será sancionada por la corte, con multa, cuya cuantía no podrá ser inferior al diez por ciento, ni mayor a diez veces el sueldo o salario mensual percibido por el responsable, a la fecha que se generó la responsabilidad”.

En el caso de Nayib Bukele, el monto rondaría entre los USD$125 mil 50 dólares y USD$10 mil 68 dólares.

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