Política

11 Dic 2013
Política | Por: Luis Trejo

Navidad: lujos, bonos y festejos para funcionarios públicos

La Navidad es un tiempo añorado para muchos e indiferente para otros. Algunos la anhelan porque esa es muestra de un año más que se ha sobrevivido en nuestro característico país y porque nos trae experiencias buenas o malas, pero que al final son experiencias que nos deberían ayudar a mejorar como seres humanos. Otros esperan a que se llegue este tiempo para darse uno que otro lujo, el cual solo puede ser posible en estas celebraciones. Sin lugar a dudas, entre los salvadoreños que más esperan por estos días son los funcionarios públicos, quienes tienen festividades, celebraciones y regalías que no cualquier trabajador puede tener.

Durante los últimos años, El Salvador ha aumentado de manera considerable el saldo del déficit fiscal. Es decir, los gastos han sido más elevados que los ingresos. Según datos de varias fundaciones e instituciones que estudian el tema, como FUSADES y FUNDE, las finanzas públicas han mantenido un deterioro significativo desde el 2009, lo que provocó que en el 2012 el déficit fuera de 920 millones de dólares. De acuerdo con el Banco Central de Reserva (BCR), hasta el mes de septiembre el déficit fiscal ya sobrepasaba los 650 millones de dólares, por lo que superó en un 40 por ciento el déficit en el mismo período del año anterior.

En su mayoría, el déficit fiscal se debe a que el Estado ha adquirido más deudas o préstamos a diversas instituciones y no ha recaudado lo suficiente para liquidar dichas deudas. A pesar de esta inestabilidad financiera y de las pocas posibilidades de que el gobierno pueda cambiar los números, según el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) de la FUNDE, en una denuncia presentada en enero de este año, algunas instituciones del Estado, como el Legislativo, se han dado a la tarea de gastar millonarios recursos en cosas innecesarias como viajes en primera clase, fiestas de lujo, adquisición de obras de arte con precios altísimos, lujos exacerbados, entre otros gastos más que dejan entrever cualquier clase de despilfarro, menos una política de austeridad que ayude a disminuir la deuda pública.

El 1 de junio de 2009, cuando tomó posesión de su mandato e incluso en sus spots de campaña, Mauricio Funes prometió que su gobierno mantendría una política de gastos enfocada en cubrir solo lo necesario y no hacer alarde con los fondos públicos. Sin embargo, esa práctica no se ha visto por ningún lado del gobierno, mucho menos por el lado del Legislativo ni por otras instituciones públicas como el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) o la misma Presidencia de la República.

Aunque el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho en reiteradas ocasiones que el Estado no dispone de fondos para dar bonos o aumentos a los empleados públicos, las altas directivas de las instituciones, sobre todo los diputados, siempre hacen de las suyas para disfrutar de cenas navideñas, bailes, regalos especiales, canastas navideñas, bebidas especiales y muchas “prestaciones” más. Si bien es cierto que el Código de Trabajo estipula la obligatoriedad de los aguinaldos para los empleados y algunas prestaciones adicionales, los funcionarios públicos no deben, al menos si tienen un poco de ética, hacer derroches del dinero público, el cual sale gracias a los impuestos que pagan todos los salvadoreños empleados y de las empresas que brindan esas fuentes de trabajo.

Si van a pregonar que practicarán una política de austeridad, así como lo están haciendo Norman Quijano, Salvador Sánchez Cerén y Antonio Saca, hay que obligarlos a firmar un acuerdo de nación en el que culmine su compromiso por el ahorro del gasto público. Solo si hacen este tipo de compromisos podrán, ellos funcionarios, controlar el gasto público y podremos, nosotros ciudadanos, exigir que se invierta de la mejor manera los recursos que entran a las arcas del Estado.

  • Ernesto Morán

    Luisito, no me parece que intentes engañar a los lectores. Las dependencias del órgano ejecutivo no han recibido bonos, ni fiestas, ni regalías, La asamblea legislativa y el órgano judicial son independientes del O. Ejecutivo. El Presidente de la República no puede influir en las decisiones que estos órganos tomen, por tan malas que estas sean. En todo caso, es responsabilidad de los diputados y diputadas, y de las autoridades del órgano judicial. Y te recuerdo que en ambos órganos del estado deciden personeros de ARENA, y quienes dirigen actualmente la corte suprema de justicia, que por cierto son de derecha.

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