Política

25 Feb 2013
Política | Por: Bruno Infantozzi

Memoria de una misión incumplida

 

 El transparente financiamiento de los partidos políticos, garantizar el acceso responsable a los medios de comunicación, y encaminar la democracia interna en los partidos políticos, eran algunos de los retos que la ley de partidos políticos en El Salvador debía garantizar a toda costa. De todos los países del continente americano, el nuestro era uno de los pocos que aún no contaba con una legislación específica en este ámbito.

Dicho fenómeno (si se le puede llamar así a un claro y malintencionado hermetismo compulsivo de los institutos políticos) pudo superarse hace unos días cuando con la mayoría de los votos en el parlamento, se decidió aprobar una ley de partidos, a mi juicio, carente de las necesidades acordes a nuestros tiempos. No me mal entiendan, estoy consciente que esta aprobación es un paso hacia la institucionalidad democrática de nuestros partidos. Sin embargo, me desilusiona de sobremanera que dicho texto legal haya dejado a un lado muchos aspectos de carácter urgente para nuestra vida política.

Debido a que son los propios partidos políticos los que debían de aprobar el anteproyecto de ley que regula su actividad, era entendible que se haya necesitado consenso entre los diferentes actores. De lo contrario la ley podría verse en los próximos meses y años, en riesgo en cuanto a su aplicación y efectividad. No obstante el consenso que existió, los partidos contaron con diferentes anteproyectos para facilitar su elaboración y posterior aprobación (la mayoría provenientes de tanques de pensamiento y de la sociedad civil). En cada uno de ellos, los temas más recurrentes eran la transparencia, la democracia interna, el financiamiento fiscalizado por la sociedad civil y hasta el rol de los medios de comunicación en la vida político-electoral.

Nuestros diputados e institutos políticos no tenían excusas para dejar por fuera estos aspectos, y menos aún, cuando la propia ciudadanía pide cambios a gritos. Sin embargo, se optó nuevamente por blindar las puertas: la ley dispone que los partidos no están obligados a revelar información sobre el financiamiento privado, ni informar cómo o en qué se utiliza el financiamiento público (llámese “deuda política”). Olvida fomentar, descaradamente, la democracia interna a través de mecanismos de elección popular, y el término ‘rendición de cuentas’ brilla por su ausencia. Si a esto le sumamos que la aplicación de esta ley está en manos del Tribunal Supremo Electoral –organismo dudosamente parcial, por su propia composición-, entonces la misión NO está cumplida. Lo que pudo ser una oportunidad de modernización y hasta de prestigio (tan urgido) para los partidos políticos, quedó a medio camino. El objetivo de esta ley era acercar la vida partidaria a la ciudadanía, no blindar los caminos hacia la fiscalización responsable.

La aprobación de esta ley ha llegado 21 años después del comienzo de nuestra vida democrática, y lo ha hecho de forma incompleta. Quiero creer que en mucho menos tiempo, podamos ver reformas contundentes que incluyan como ejes centrales, la transparencia y la rendición de cuentas, así como sanciones más fuertes por incumplimientos, igualdad de condiciones al acceso de los medios de comunicación, franjas electorales gratuitas en estos últimos, mecanismos que fomenten la democracia interna dentro de los partidos políticos (elecciones internas y/o primarias), y herramientas para que la ciudadanía se acerque cada vez más a estos organismos, que siguen estando a miles de kilómetros de distancia de un verdadero sueño democrático.

 

Bruno Infantozzi.-

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