Política

14 Mar 2016
Política | Por: Alexandra Monge

Los riesgos de la medida extraordinaria

A simple vista, el régimen de excepción se ve como una rápida solución para capturar a tanto criminal sin que interfieran muchas legalidades. Se ejecutarían grandes operativos junto con la fuerza armada y se prohibiera la circulación después de ciertas horas para no dar lugar a un gran porcentaje de homicidios. Sin embargo, existen factores que debemos considerar antes de apoyar un régimen de excepción:

Desde la masacre en San Juan Opico, ha surgido el controversial debate de declarar un régimen de excepción en los municipios más violentos del país como “medida extraordinaria” por parte del Presidente Salvador Sánchez Cerén y su gabinete. Se trata de la suspensión de los derechos en los artículos 5 (ingresar y salir del país), 6 (libertad de expresión),7 (reuniones lícitas) y 24 (prohibición de la intervención en telecomunicaciones) de la Constitución: “en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público” (Art. 29). Quiere decir, que debido a la violencia que vive nuestro país, el gobierno estaría autorizado para tomar dichos derechos en sus manos y descartarlos cuando lo crea conveniente ante la lucha contra el crimen.

A simple vista, el régimen de excepción se ve como una rápida solución para capturar a tanto criminal sin que interfieran muchas legalidades. Se ejecutarían grandes operativos junto con la fuerza armada y se prohibiera la circulación después de ciertas horas para no dar lugar a un gran porcentaje de homicidios. Sin embargo, existen factores que debemos considerar antes de apoyar un régimen de excepción:

Se esperan capturas masivas en un lapso de treinta días, que es lo que duraría el régimen. Para empezar, ¿adonde piensan contener a tantos delincuentes y sospechosos? El hacinamiento en las cárceles es de aproximadamente 315%, sin mencionar las bartolinas. Asimismo, se necesitarán los recursos necesarios para pagar el servicio extra que tendrán que hacer los agentes de la PNC y los soldados. De acuerdo con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, se ha solicitado la emisión de $900 millones que se encuentran congelados para cumplir la futura demanda. Ya que nos hemos dado cuenta que el dinero en manos de funcionarios suele desaparecer, o perderse en viajes y relojes, y que ni siquiera pueden cumplir con un bono para la policía, acaparar con todos estos salarios suena todavía más imposible para el gobierno.

Un límite de hora para circular las calles puede significar un poco más de seguridad, pero también un golpe duro para la empresa privada y para el bolsillo de los salvadoreños. Muchas empresas tendrían que despachar horas antes a sus empleados para que logren llegar a sus casas antes de la hora permitida. También aquellos que trabajan horas extra se quedarían sin esa remuneración.

El poder sobre artículos de la Constitución que representan nuestros derechos conlleva una gran responsabilidad y compromiso, características que los mandatarios, ya sean de derecha o izquierda, no han demostrado hasta ahora. Pero cómo poner nuestra confianza en ellos, si negocian con pandilleros para su propio beneficio, tal como especificó el diputado de GANA, Guillermo Gallegos en Frente a Frente: “Mientras sigamos viendo a esos sujetos (pandilleros) y a la gente que los rodea, como votos, difícilmente vamos a solucionar este problema”. ¿Qué garantía tenemos de un gobierno que negocia con pandillas? Además, nadie nos asegura que los derechos humanos no serán violentados, que nuestros agentes de seguridad tendrán un pago justo, y en especial, que el problema de seguridad en el país sea truncado en tan solo treinta días. No podemos aceptar una medida tan extrema cuando no han sido capaces de administrar el poder que se les ha otorgado.

Imponer un estado de excepción como “medida extraordinaria” ante la ola de violencia en El Salvador no es el último, ni mucho menos el más efectivo recurso que otorga la Constitución, sino más bien un grito de desesperación de parte del gobierno por tratar de enmendar una herida que debió haber sido curada hace varios años. Si realmente desean cambiar la vida del pueblo, que respalden a las autoridades con el poder Constitucional, depuren celulares y todo tipo de corriente en las cárceles que son la raíz del crimen organizado, y apoyen la lucha contra el narcotráfico que es una de las fuentes de ingreso económico más exitosas para las pandillas. Los recursos no se han agotado, simplemente han sido administrados de una manera mediocre y corrupta.

 

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