Política

1 Ago 2013
Política | Por: Luis Trejo

Las memorias a corto plazo

En el actual gobierno se han dado muchas confrontaciones entre la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna, este tipo de enfrentamientos le hacen mal a una democracia tan prematura como la salvadoreña, pues provoca una mala imagen percibida, tanto a nivel nacional como internacional. Por tratarse de “instituciones hermanas” es normal que se den ciertos pleitos o discusiones, pero es preocupante que las asperezas no logren limarse en un tiempo prudente y coyuntural.

En este año, la Sala de lo Constitucional del Órgano Judicial y el Órgano Legislativo siguen mostrando controversia y confrontaciones. Los casos más sonados han sido las tres juramentaciones fallidas de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, la aprobación del FONAT, el nombramiento de José Salomón Padilla como presidente de la Sala y de la CSJ. En el 2012, los pleitos entre estas dos instancias llegaron hasta la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Se convirtió en una de las noticias más polémicas y que dejó ver la poca tolerancia que había, y que aún existe, entre las dos entidades estatales.

Las inconstitucionalidades que ha declarado la Sala han ido desde los magistrados de la Corte de Cuentas hasta el actual presidente de la CSJ, Salomón Padilla. Entre las principales argumentaciones que los magistrados constitucionales han expuesta está la militancia comprobada que han tenido o que pueden tener los funcionarios de algunas instituciones públicas, como el caso de la CCR, la CSJ, la PDDH o la PGR.

Por muchos años, el tema de la militancia o afinidad partidaria no era tema de discusión en las instituciones mencionadas. Es más, durante años, la dirección de las instituciones se había mantenido como una “repartición equitativa” entre el partido político en turno y las demás instituciones políticas afines a dicho partido. El “compadrazgo” y los “favores” se ocultaban por lo que no había tanta discusión como ahora.

En las últimas semanas hemos escuchado al principal partido de oposición hablar sobre la poca claridad en algunos nombramientos y han expresado su preocupación por intentar acaparar las direcciones de todas las instituciones públicas. Sin embargo, ¿Cuántos funcionarios públicos tenían afinidad política clara y aún así desempeñaron cargos con los cuales no cumplían con el “principio de idoneidad”? Al parecer a muchos se les han olvidado sus actos y ahora quieren remediar en casa ajena lo que hicieron mal en su propia casa.

Por ejemplo, cuando eligieron a la doctora Victoria Marina Velásquez de Avilés, como presidenta de la Sala de lo Civil de la CSJ en el 2001, quien en 1998 fue precandidata a la vicepresidencia por el FMLN en las elecciones de 1999. O incluso el actual presidente de la CSJ y Sala de lo Constitucional, José Salomón Padilla, quien ha sido asesor de alcaldías del FMLN y hoy es funcionario del Órgano Judicial, pero se encuentra en proceso de recusación por demandas presentadas por dos ciudadanos, quienes alegan que su nombramiento al frente de las entidades jurídicas no respetan el principio de idoneidad. O, en 2007, la elección de Hernán Contreras como presidente de la Corte de Cuentas, quien fue diputado del PCN, y Abdón Martínez, del partido ARENA, como segundo magistrado del ente contralor.

Es fácil criticar y juzgar, pero es difícil reconocer los errores del pasado para reflexionar y encomendar lo que una vez se hizo mal. Pero es más difícil comprometerse a demostrar cambios de verdad y que lo que hoy critican, si mañana regresan al poder no lo vayan a volver defendible o incuestionable. Recordemos que en la política muchas veces, lastimosamente, la memoria es a corto plazo y es fácil olvidarse de las malas decisiones, por lo que es importante anotar en el libro de los recuerdos para no volver a vivir ese episodio.  

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