Política

25 Ago 2015
Política | Por: Juan Carlos Méndez

La necesidad de una CICI en El Salvador

Una CICI apoyaría al Estado en investigación de la corrupción, recomendación de políticas públicas y prevención de delitos. “Quién nada debe, nada teme”, y si los políticos temen a que los investiguen y los auditen es porque deben.

 

¿Quién dice que lo que es de todos es de nadie? ¡Mentira! Lo que es público es tuyo, tú lo pagas. Como salvadoreños que trabajamos, que le generamos valor agregado al país, pagamos impuestos, tenemos no solo el derecho sino el deber de reclamar transparencia a las instituciones del Estado por el dinero que perciben. Con el tiempo, y los desórdenes que los políticos hacen con las decisiones que toman, estamos llegando a la conclusión de que uno de los factores que detienen el crecimiento de un país son los conflictos de intereses que se generan desde el Estado. Por tal razón, es necesario perseguir y castigar a aquellos que solo se han aprovechado de los beneficios que el poder estatal les ha otorgado.

Es necesario que el país tenga un ente que luche para erradicar la impunidad, en todo caso, una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICI) similar a la de Guatemala, que ya está disfrutando los frutos de dicha comisión. Para muestra un botón: la captura de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien fue detenida hace unos días por asociaciones ilícitas y estafa.

A El Salvador le urge limpiar su Estado. Hemos sido testigos de diferentes casos como designaciones de cargos públicos que no responden al mérito y capacidad sino a una afinidad partidaria, desviaciones de fondos provenientes de otros países, regalías de bienes a funcionarios en agradecimiento de favores políticos, ensanchamiento de patrimonios de expresidentes, grandes proyectos financiados en las municipalidades sin rendición de cuentas o desaparición de fondos. A todo esto sumémosle que una buena parte de la población no sale de su estado de confort para exigirles a los funcionarios que sean honestos con lo que hacen. Militar o tener afinidad partidaria y no denunciar la corrupción nos hace cómplices.

Una CICI para nuestro país haría que las investigaciones y las persecuciones penales contra estructuras clandestinas sean más efectivas para lograr desarticularlas; colaboraría con el Estado haciendo recomendaciones de políticas públicas para prevenir que surjan aparatos clandestinos. También se encargaría de publicar informes sobre las investigaciones de casos de corrupción que se estén llevando a cabo, sean estas financiamiento de partidos políticos, recomendaciones legislativas, seguimiento de los casos de corrupción, entre otras, que nos lleven a tener un panorama claro para acabar con aquellas personas que corrompen el país.

El Salvador ha firmado convenios contra la corrupción ante la ONU y la OEA, han sido ratificados por la Asamblea Legislativa, pero poco se ha hecho por darle avivamiento al tema. Obviamente a los políticos no les interesa, pues una CICI lo que haría es atarle las manos a aquellos que les gusta el dinero sucio. Recordemos el decreto 743 donde querían controlar las decisiones de la Sala de lo Constitucional; también recordemos que nadie tiene acceso a esa “partida secreta” del presidente y donde no sabemos a cabalidad el financiamiento de los partidos políticos por esta y otras razones. Es la sociedad civil quien tiene que exigir que exista esta CICI.

Crear una unidad de este tipo en El Salvador sería tardado: solicitarla a la ONU, ratificarla desde la Asamblea Legislativa, instalarla y hacer que opere; esto no debe ser problema, ya que lo bueno que tiene una CICI es la independencia financiera y política con la que opera. Y mientras se logra, es necesario que la fiscalía y PNC obtengan mayor financiamiento para que potencien su labor. Debemos estar claros que “quien nada debe, nada teme”, y si los políticos temen a que los investiguen y los auditen es porque deben.

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