Política

22 Ene 2015
Política | Por: Carlos Alejandro Morales

La más reciente decepción: el IAIP

El IAIP, en lugar de hacer valer la Ley de Acceso a la Información Pública, ha afectado el Estado de Derecho y debilitado la institucionalidad del país.

El día 8 de mayo de 2011 nuestro país dio un gran paso encaminado a fortalecer la democracia y la lucha contra la corrupción. O por lo menos eso parecía, puesto que ese día entro en vigencia la “Ley de Acceso a la Información Pública”. Dicha ley tiene como objetivo hacer la gestión pública verdaderamente transparente y motivar a los ciudadanos a que se conviertan en actores que inciden en el actuar de la administración pública.

En esta ley se crea el Instituto de Acceso a la Información (IAIP), que es el ente responsable de velar por el correcto cumplimiento del acceso a la información de las instituciones del Estado. Al poco tiempo de estar vigente la Ley, la cacareada “bandera” de transparencia por parte del gobierno, ésta encontró su primera gran contradicción al crearse por parte de la Presidencia de la República un reglamento que afectaba las principales virtudes de la misma.

No fue sino hasta después de una sentencia de inconstitucionalidad de los artículos pertinentes del reglamento, con  un año y medio de retraso, que por fin se nombró a los comisionados que dirigirían el IAIP. Lastimosamente, después de tanta lucha y espera para contar con dicha autoridad en materia de transparencia, parece que no está rindiendo los frutos que muchos esperábamos.

La Ley de Acceso a la Información, en su artículo 10, enlista toda aquella información pública que toda institución del Estado debe publicar sin que nadie lo solicite, la cual ha denominado “oficiosa”. En otras palabras, dichas informaciones deben estar disponible al público en todo momento. Ahora bien, el citado artículo 10 de la Ley, califica como información oficiosa los viajes, o si lo prefieren las mal llamadas “misiones oficiales”, que  realizan todos los empleados y funcionarios de todas las instituciones del Estado. Pero aun así el expresidente Mauricio Funes se negó a entregar.

Cuando la ONG Funde-ALAC solicitó la entrega de dicha información a finales de 2014, y ante la negativa de entrega de parte de la Presidencia de la República, acudió al IAIP para pedir que se ordenara a Presidencia que entregara dicha información. Esta era la oportunidad para que el citado instituto hiciera valer y fortaleciera la institucionalidad especialmente sabiendo que no existe argumento válido para mantener esos datos en secreto.

Muchos esperábamos ver una sentencia que les instruyera al expresidente y al actual presidente Sanchez Cerén, acatar la Ley que desde su partido político alardeaba haber promovido. Pero la enorme decepción llegó al enterarnos que la sentencia favoreció todo menos la transparencia.

La Ley en general es el pilar central de un Estado de Derecho como lo establece la Constitución; y en materia de transparencia, ya está determinado lo que se puede reservar. Sin embargo, el IAIP, en lugar de hacer valer la Ley, ha afectado el mencionado Estado de Derecho y fragmentado o debilitado la institucionalidad. Si ese ejemplo vemos en las instituciones del Estado, ¿podemos esperar que la ciudadanía acate lo que las leyes ordenan?

Para entender la situación quiero dejar la siguiente imagen en sus mentes: cuando le pedimos a nuestra pareja sentimental que nos permita ver su celular y éste o ésta se niega tomando una actitud de enojo combinada con nerviosismo, ¿no es lógico pensar que es porque nos oculta algo indebido? Quizá no sea nada malo, pero la desconfianza nace casi de forma obligada. La gestión del expresidente Funes y del presidente Sánchez Cerén, metafóricamente no nos deja ver su celular; y el Instituto, en lugar de obligarlo a que nos la muestre, tristemente lo apoya a que nos lo siga ocultando. ¡Que decepción!

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