Política

3 Mar 2017
Política | Por: Mateo Villaherrera

El Salvador: “Si nos dormimos, los de arriba se despiertan”

Los últimos cinco presidentes de El Salvador han estado bajo la mirada de la justicia por irregularidades en sus declaraciones patrimoniales y además presentaron indicios de enriquecimiento ilícito. Sin duda, no olvidaremos el 2016, ya que estas investigaciones abren un proceso de transparencia en El Salvador.

Los cinco exmandatarios, tres de ellos afrontan -y afrontaron- procesos judiciales que trascienden el ámbito civil y han pasado al plano penal. Describiré cada uno de estos casos a continuación:

Alfredo Cristiani

A dos exmandatarios, Alfredo Cristiani (1989-1994) y Calderón Sol (1994-1999), ya no se les puede aplicar la Ley de Enriquecimiento Ilícito, debido a la prescripción de causa; que implica que no pueden ser juzgados luego de cumplir diez años de dejar su cargo público. Pero, aunque cualquier causa penal haya prescrito en contra de ellos, existe la posibilidad que se les aplique la Ley de Extinción de Dominio. La ley consiste en la persecución de los bienes de origen o destinación ilícita, con la finalidad de declarar la pérdida del derecho de propiedad de dichos recursos y transferirlos a favor del Estado, a través de la vía judicial. Sin embargo, el jefe de la Sección de Probidad de la CSJ, Carlos Rafael Pineda, confirmó ante los medios de comunicación en una rueda de prensa el pasado 27 de febrero, que el seguimiento de esta investigación contra los expresidentes se congela por motivos de dar prioridad a casos recientes de corrupción.

Francisco Flores

En el caso del fallecido expresidente Francisco Flores (1999-2004), fue acusado por la FGR, por haber desviado $15.3 millones de dólares, donados por el Gobierno de Taiwán para tareas de rehabilitación y reconstrucción en favor de los damnificados que sufrieron los terremotos del 2001.

Elías Antonio Saca

Mientras que, el sucesor de Flores, Elías Antonio Saca (2004-2009), enfrenta la situación más comprometedora de los cinco exmandatarios, el 17 de febrero fue acusado junto a otras personas, en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador por peculado y lavado de dinero, por desviar $246 millones de Casa Presidencial. Este caso denominado “Destape a la Corrupción” avanza, recientemente se decretó la detención para nueve imputados y a otros el pago de una fianza de $250,000 para ser procesados en libertad y en arresto domiciliar según la FGR.

Mauricio Funes

Por su parte, Mauricio Funes (2009-2014), asilado en Nicaragua, también se suma a la lista por presuntos actos de corrupción. El ex mandatario, su hijo Diego Roberto Funes y la ex primera dama Vanda Pignato se encuentran bajo investigación en un proceso civil, ya que no justificaron $728,329.74 de dólares. Al momento, la Cámara Segunda de lo Civil el 16 de enero aplazó por tercera vez el juicio el contra los implicados.

Es necesario destacar que, durante estas administraciones, Casa Presidencial disponía de una Partida Secreta que habilitaba al Órgano Ejecutivo realizar transferencias entre partidas de distintos ramos y que asignara discrecionalmente los excedentes de los ingresos previstos –con los que inicialmente se aprobaba el presupuesto–. No obstante, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional, de modo general y obligatorio, las partidas secretas; esta sentencia fue un avance que contribuye a generar mayor transparencia en el manejo de los fondos procedentes del erario público.

Es de esperar que las instituciones responsables sean capaces de resolver mediante los principios de igualdad, ética y transparencia. Mientras, la población salvadoreña seguirá especulando sobre la veracidad, o no, de los casos antes detallados. Como consecuencia de esos posibles delitos señalados, y algunos ya comprobados, se comienzan a visualizar los resultados que nos revelan el verdadero rostro de aquellos que un día fueron juramentados para cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República.

Han sido muchos los que se han servido de El Salvador para beneficios personales y políticos, como si nuestra tierra se tratara de una hacienda privada. Estamos cansados de la picardía de quienes han abusado de sus cargos para burlarse de la confianza delegada por el pueblo. Como sociedad civil debemos de condenar cualquier acto de corrupción no importando su procedencia; debemos ser vigilantes y consolidar los mecanismos de contraloría, para generar mayor compromiso y transparencia en los gobernantes. Eliminar la cultura de permisión es nuestra obligación, nuestra tarea, nuestro día a día, porque “si nos dormimos, los de arriba se despiertan”.

12 Abr 2017
Ya huele a elecciones
Política | Por: Juan Carlos Méndez

Ya huele a elecciones

27 Feb 2017
No es la polarización, es desatender la política
Política | Por: Juan Carlos Méndez

No es la polarización, es desatender la política

30 Ene 2017
¿Será posible un diálogo con pandillas?
Política | Por: Juan Carlos Méndez

¿Será posible un diálogo con pandillas?

29 Nov 2016
Educación barata
Política | Por: Juan Carlos Méndez

Educación barata