Política

20 Nov 2017
Política | Por: Fernando Colocho

El costo político de la corrupción

Si hablamos de corrupción, nos referimos a uno de los problemas más perjudiciales y corrosivos que puede afectar a las instituciones públicas de un país, por no hablar de toda la sociedad en su conjunto.

Tristemente, la corrupción es una epidemia característica de las administraciones públicas latinoamericanas y uno de los tópicos más comunes dentro del vox populi de los ciudadanos indignados con sus políticos. Muy a pesar de eso, y por irónico que suene, es uno de los delitos menos denunciados por la población ya que únicamente una de cada diez personas efectivamente interpone su denuncia ante las autoridades competentes.

En términos concretos, según Transparencia Internacional, la corrupción política puede definirse como “el abuso del poder público para obtener un lucro personal”. Si lo expresamos de esa manera, en El Salvador históricamente tenemos vasta experiencia en el tema.

Acorde al Índice de Percepción de la Corrupción 2016, El Salvador se ubica en la posición 95 entre 176 países y territorios analizados. Comparativamente, somos el quinto país centroamericano con mayor percepción de corrupción:

 

PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN CENTROAMÉRICA
N.º PUESTO NIVEL DE TRANSPARENCIA (0 a 100) PAÍS
1 145 26 NICARAGUA
2 136 28 GUATEMALA
3 123 30 HONDURAS
4 120 31 REPÚBLICA DOMINICANA
5 95 36 EL SALVADOR
6 87 38 PANAMÁ
7 41 58 COSTA RICA
Fuente: Índice de Percepción de la Corrupción 2016, Transparencia Internacional.
*Dentro del Índice no hay información disponible sobre Belize.

 

Precisamente, como muestra evidente de ello, se dio a conocer la noticia de que El Salvador reprobó el índice de control de la corrupción acorde a la Corporación Reto del Mileno (MCC, por sus siglas en inglés). Esto es particularmente preocupante porque podría limitar la accesibilidad a proyectos de cooperación posteriores -o incluyendo- el FOMILENIO II, ya que según lo expresaron los delegados del MCC, “si la Corporación considera que existe un patrón de acciones inconsistentes con sus criterios de elegibilidad, puede haber consecuencias”.

Las cifras se vuelven pertinentes debido a que los principales efectos de la corrupción es que se convierte en un repelente natural para la inversión extranjera, un peligroso cáncer para los sistemas judiciales y de seguridad pública del país, un vehículo para la evasión y elusión fiscal; así como, un agudo debilitador de la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho.

Siendo así, es verdaderamente deprimente pensar que los recursos necesarios para reconstruir las escuelas públicas del país podrían estar en los bolsillos de los funcionarios públicos de los 8 años de gobierno del FMLN, o que diariamente tantos salvadoreños tengan que morir en condiciones deplorables por el severo desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos, porque ese dinero pueda estar en poder de los funcionarios de los 20 años de ARENA.

Y es que por mucho que nos caigan bien sus respectivas banderas, tendríamos una doble moral si no reconocemos que ambos partidos políticos han antepuesto sus intereses económicos privados en detrimento de los verdaderos problemas de país.

No podemos seguir permitiendo esto. Sé que nuestro rol como jóvenes ciudadanos puede ir más allá de las generalizaciones superficiales en redes sociales o una indefinida serie de ciegas acusaciones mutuas.

Podemos construir una cultura de ciudadanía crítica y fiscalizadora de los asuntos públicos por medio de la demanda de mayores (y mejores) mecanismos de transparencia y libertad de información, una participación activa como sociedad civil en el monitoreo del uso de recursos públicos y el cuestionamiento constante de la información vertida en los medios de comunicación.

En la medida en que continuemos siendo jóvenes con alergia a la política, tendremos que aceptar que los mismos de siempre serán los que tomen las decisiones por nosotros.

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