Política

23 May 2013
Política | Por: Luis Trejo

Aciertos y desaciertos a los dos años de la LAIP

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) llegó a su primer aniversario de aplicación y segundo de aprobada. Al tratarse de una normativa naciente, se enfrenta a muchos retos, desafíos y expectativas. Vale la pena hacer un recuento de los meses de la LAIP.

Según la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), los antecedentes sobre las propuestas de esta ley datan desde 1994. Fue durante la campaña electoral de dicho año cuando Rubén Zamora y Armando Calderón Sol suscribieron una serie de acuerdos electorales y de reforma política, entre los que se incluía el tema. Desde la década de los noventa hasta el 2007, las propuestas habían quedado encajonadas. En el 2008 volvió a ver luces que vislumbraban un mejor camino hacia la aprobación de una iniciativa que dejaba a El Salvador como uno de los últimos países en apoyar leyes de este tipo.

Fue así como el Grupo Promotor de la LAIP presentó una propuesta de anteproyecto de Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (LTAIP). En octubre del 2008 se llevó a la Asamblea Legislativa para que los diputados la discutieran y dieran luz verde a esta iniciativa. En septiembre de 2008, el FMLN también creó una propuesta encaminada hacia el mismo fin. Hubo consenso entre Arena y el FMLN para unificar ambas propuestas, por lo que se elaboró un borrador que sería la base para discutir la aprobación de la actual ley. Se aprobó el 2 de diciembre de 2010, corrigiendo las observaciones que hizo el presidente Funes en enero de 2011. Para el 3 de marzo de este mismo año, la Asamblea dio el aval a las observaciones de Funes y se publicó en el Diario Oficial el 8 de abril. Entraría en vigencia a partir del 8 de mayo de 2011.

Desde su vigencia, la ley y su ente rector, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), han visto más desaciertos que aciertos. En primer lugar, cabe reconocer que el hecho de aprobar este documento es un avance en la consolidación de la democracia salvadoreña. Es de aplaudir que este hay sido el primer gobierno, en teoría, en dar herramientas a la población para que exija y conozca en qué se invierte su dinero. Es cierto que comparado con otros países de la región, a excepción de Costa Rica, El Salvador se había quedado en los últimos lugares de esta maratón; pero también es cierto que ninguna otra administración se había preocupado por hacer cumplir este derecho.

Pero sin lugar a dudas, uno de los desafíos más tangibles y preocupantes había sido el no contar con el IAIP. Fue hasta el 23 de febrero de este año que la entidad vio inicio y sus miembros fueron juramentados. No obstante, a casi tres meses de su creación, aún no cuenta con presupuesto, infraestructura, personal, herramientas, tecnología y recursos necesarios y adecuados en la realización de sus principales actividades y funciones.

El 8 de mayo de 2012 era la fecha límite para que las entidades estatales y autónomas debieran apegarse a la ley y acatarla. Muchas Oficinas de Información y Respuesta (OIR) y Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP) cumplen con su compromiso de brindar la información exigida. Por el contrario, existen otras que resuelven las solicitudes a medias y no hay calidad en la información que brindan. Hay encubrimientos y negaciones de información.

Ante todos estos escenarios, la transición no será un proceso fácil. Lo importante es hacer de esta normativa una práctica sostenible y apropiada para la sociedad salvadoreña. Aunque aún es una ley tierna, todos los sectores involucrados pueden concretarla y hacer de ella un modelo a seguir en la región. Así que con la ayuda de todos se puede lograr que la LAIP sea efectiva y, sobre todo, que garantice la verdadera rendición de cuentas y la auditoría social.

 

Luis Trejo, Columnista de Política de MedioLleno 

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