Opinión

21 Mar 2013
Opinión | Por: Aída Betancourt Simán

¿Y ahora, quién podrá defendernos?

Lo sospechamos desde un principio. La plenaria de la Asamblea Legislativa, fiel a sus tradiciones, nos presentó esta semana un escenario lamentable. Sin siquiera hablar del resultado de la nueva elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República para el período 2011-2014, el panorama es desesperanzador. Las negociaciones que le precedieron, las evidentes divergencias y las muy escondidas razones del voto de cada una de las fracciones nos demuestran, una vez más, por qué el órgano legislativo es el más desprestigiado ante la opinión pública.

La Corte de Cuentas no es cualquier brazo de la administración, es una institución nuclear en la lucha contra la corrupción, encargada de “la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular.” (Art. 195 Cn) Así, tiene importantes funciones como vigilar las cuentas de los funcionarios y fiscalizar la gestión económica de las instituciones; básicamente, comprobar el buen uso de los recursos públicos, nuestros impuestos, por la administración.

Es justamente por esto que a los partidos les interesa tanto tener influencia en la Corte de Cuentas, a través del nombramiento de los magistrados. ¿Conflictos de intereses? Más que probables. Nuestra normativa ha tratado de impedirlos mediante disposiciones, incluso constitucionales, para reducir el riesgo de interponer intereses partidarios al ejercicio de la función pública. El art. 219 Cn dispone: “Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista.”

La Sala de lo Constitucional dejó plasmado este principio de forma explícita en un su sentencia 49-2011, en un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la elección de los magistrados del 2011 por falta de motivación de la “moralidad y competencia notorias” de los candidatos elegidos. Así, el 23 de enero de 2013, la Sala falló, con el voto disidente del magistrado presidente Salomón Padilla: “los Magistrados que integren dicha institución, además de poseer la experiencia académica y profesional para ello, no deben estar supeditados a intereses particulares o presiones políticas, porque ello conllevaría a tolerar una manera de operar comprometida con otros órganos del Estado, es decir, mermando su condición viagra generique legal france de órgano independiente y de guardián de la Hacienda Pública y del Presupuesto de la Nación.” Más claro, ni el agua.

Y sigue: “Existe un impedimento, no sólo de naturaleza ética sino también constitucional, para que las personas que desempeñen cargos en los órganos de dirección o de representación de partidos políticos puedan ser Magistrados de la CCR. Y por ello, la Asamblea debe aplicar al escrutinio de la elección de esta naturaleza de funcionarios, la incompatibilidad mencionada y descartar aquellos candidatos que reúnan estas circunstancias.

La Sala publicó además, esta semana, un comunicado advirtiendo sobre la importancia de elegir a los magistrados conforme a la Constitución. Una vez más, los foro comprar viagra sevilla diputados lo ignoraron y eligieron a personas cuyas acreditaciones para ocupar cargos titulares del ente contralor del Estado son, cuanto menos, cuestionables. Cuanto menos.

Vivimos en un país en el que los diputados no tienen (o descaradamente pretenden no tener) la más mínima noción de derecho constitucional y de las funciones de los órganos del Estado; un país en el que el órgano legislativo decide cuáles sentencias de Sala de lo Constitucional va a acatar, acusando al máximo intérprete de la Constitución de “interferir con la labor de la Asamblea Legislativa.” Ante esto, ¿quién podrá defendernos?

En este sentido, los responsables del desacato no son solo los que votaron a favor de los magistrados a pesar de sus vínculos partidarios, sino también aquellos que se han pronunciado insistente y recientemente por el respeto de los fallos de la Sala, y ahora se abstuvieron de votar. No pueden esperar que su abstención vaya a eximirles de culpa: la defensa de la institucionalidad no puede ser selectiva, y en política también se actúa por omisión.

Es una burla a la ciudadanía. Es una burla a todas las organizaciones de la sociedad civil que llevan años exigiendo una profesionalización de la administración y, al menos dos años, desde la elección que fue declarada inconstitucional, pidiendo el nombramiento de magistrados con perfiles adecuados para estos cargos. Sigamos exigiendo la despartidización de las instituciones públicas, ¡solo nosotros podemos defendernos!

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