Opinión

25 May 2017
Opinión | Por: Karen Vargas

Una ley que no supera lo constitucional

El 27 de abril del año dos mil entró en vigencia la “Ley de Equiparación  de Oportunidades para las personas con discapacidad”, que tiene por objeto establecer el régimen de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas o sensoriales, sean congénitas o adquiridas.

La situación actual de las personas con discapacidad en El Salvador está caracterizada por limitaciones o falta de medidas concretas de equiparación de oportunidades; entendidas éstas como aquellas que facilitan el acceso efectivo y sin discriminación de ninguna índole a los servicios generados por el sistema, entendido éste como el Estado, el mercado y la sociedad en general.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007, la población con discapacidad representa el 4.1% de la población salvadoreña, siendo el 53% de hombres y el 47% mujeres, donde el 61% vive en el área urbana y el 39% en el área rural. Siendo San Salvador el departamento con mayor porcentaje de personas con discapacidad, mientas que el departamento de Cabañas es el de menor porcentaje en relación al resto de departamentos.

 

Para el mes de Julio de 2013, el Registro Nacional de las Personas Naturale, RNPN, de acuerdo a sus competencias identificó a 227 mil 158 personas mayores de 18 años con discapacidad, que han obtenido su DUI. Sin embargo, no incluye a la población de cero a 18 años, población adulta sin DUI y población migrante con arraigo en El Salvador, lo cual solamente refleja una parte de la población con discapacidad. Esto demuestra la necesidad de contar con datos estadísticos unificados a nivel nacional

Óscar Guerrero, a sus 18 años, sufrió una ”Explosión de una malformación arteriovenosa en el cerebro”, lo cual causó que perdiera aproximadamente el 75 % del cerebro y no terminara una carrera universitaria. Ahora, a sus 23 años, ha realizado tres pasantías profesionales en la Asociación Salvadoreñas de Industriales (ASI). Inició con la primera  en febrero de 2016 en el área de Bienestar Laboral y entre sus tareas principales era crear una base de datos de currículums de personas en busca de empleo.

La Comisión de Inserción Laboral es una dependencia del CONAIPD y fue creada el 24 de febrero de 2012, teniendo en cuenta como objetivo principal el cumplimiento del marco legal, a fin de que las personas con discapacidad logren insertarse en el mercado laboral, a través de diferentes estrategias. Esta Comisión es coordinada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y sostienen la idea que una de las razones por las cuales la incorporación de las personas a las empresas no es totalmente integral porque éstas lo continúan haciendo solamente para cumplir con la cuota que establece la Ley.  “Todo patrono privado tiene la obligación de contratar como mínimo por cada veinticinco trabajadores que tenga a su servicio, a una persona con discapacidad y darles formación profesional, apta para desempeñar el puesto de que se trate”.
Durante el tiempo que Óscar estuvo prestando sus servicios laborales, se vio beneficiado con un bono quincenal que cubría los viáticos. El dinero se invertía en el pago de los taxis que le permitan movilizarse a su lugar de trabajo, lo cual es disonante a la ley y al artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas: “Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible”.

Está claro que las barreras de actitud y el entorno de la sociedad limitan el goce pleno de los derechos y libertades: salud, habilitación, rehabilitación, educación, oportunidades laborales, actividades recreativas, deportivas y culturales, entre otros. A tal punto que, condiciona a la persona a vivir en pobreza y la encierra en un círculo vicioso de discapacidad, pobreza y mayor vulnerabilidad ante el entorno.

 

Óscar dice sentirse privilegiado, pues está consciente que para el joven promedio con discapacidad en el país no es fácil tener acceso a una oportunidad laboral, aun siendo esta una pasantía. “Estoy consciente que en eso he sido privilegiado porque en un país como el nuestro la inclusión no es un derecho accesible para todos.  Nosotros hemos despertado a una ley de para las personas con discapacidad que desde que fue escrita, no demanda una sanción al no ser cumplida”.

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