Opinión

19 May 2017
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

SITRAMSS: No, no es lucha de poderes

“Señores del Gobierno: Hagan las cosas bien desde el inicio y absténganse de culpar a la Sala por sus monumentales errores”.

Es un sueño que algún día tengamos un sistema de transporte público de primer mundo. Buses articulados, metros, tranvías, trenes, transporte aéreo interno. El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS) es lo más cercano a ello. Una opción diferente, exclusiva, cómoda y rápida.

El SITRAMSS fue objeto de críticas desde su planificación, muchas de ellas desestabilizadoras o por el ocio de molestar, otras con argumentos jurídicos y políticos acertados. Desde la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional (Sala) en la que ordena la apertura general del carril segregado, múltiples opiniones han surgido en torno a este embrollo, de las cuales no se tendrá la verdad absoluta, pero sí –como me dijo alguien-, opiniones jurídicamente plausibles. Y resoluciones debatibles, pero obligatoriamente acatables.

He aquí algunas opiniones parafraseadas. Gobierno: “Son los dioses, son todo para el pueblo, velan por los intereses de los desfavorecidos y los que luchan diariamente contra la oligarquía. La Sala es la amañada, los que truncan los proyectos del Gobierno y obedece a grupos de poder”. Walter Araujo: “no era necesaria la medida cautelar, no quieren botar portones de la Corte Suprema de Justicia, solo protestar, porque es un derecho, y advertirles a todos los que no opinan igual, que algo catastrófico les pasará”. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA): “La Sala es cerrada y más allá de la lógica jurídica, hay una lógica social, donde se valoran los daños colaterales que podría acarrear una decisión judicial”. Entre otras opiniones, manifestaciones inútiles y comentarios ofensivos hacia los miembros de la Sala.

¡Lamentable! Lamento reconocer que la polarización y miopía partidaria se impone ante la razón y no permite desarrollarnos como personas y país. No, no es una lucha de la izquierda contra la derecha. No es intento de frustrar arbitrariamente los planes de otros. Nada de eso.

El tema es el examen constitucional de la adjudicación del SITRAMSS y el otorgamiento de un carril exclusivo a la sociedad UNIÓN DE EMPRESAS SIPAGO-SITRAMSS S.A. DE C.V., cuyo parámetro de control es el artículo 120 de la Constitución. En otras palabras, revisar si el SITRAMSS ha sido concesionado o no siguiendo el mandato regulado en el art. 120 Cn.

La Presidencia alega que los artículos 41 y 43 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial les dan la pauta para realizar lo que vemos ahora. Sin embargo, tales disposiciones refieren al ordenamiento del tránsito vehicular mediante estudios previos, autorizar los tipos de vehículos que pueden transitar en una calle, limitar el tránsito del transporte pesado en las zonas de mucha congestión o a determinadas horas; pero no autoriza el otorgamiento de un carril exclusivo para una empresa privada. Existen figuras jurídicas que pudieron utilizar para darle legalidad al SITRAMSS (asocio público-privado, sociedad de economía mixta). Pero, arbitrariamente entregaron la obra para que sea explotada por una empresa privada, lucrándose de los favores del Gobierno sin pasar el filtro de la licitación pública y su posterior concesión. ¿Y el art. 120 de la Constitución? Vale una libra de sorbete. Gracias.

Sin embargo, la culpa la tiene la Sala. Por detenerles las decisiones que arbitrariamente o con artilugios jurídicos han tomado. Por pararles el carro y enderezarles el camino. Y esto apenas es medida cautelar, seguramente van preparando el discurso anti sala, anti oligarquía, anti desarrollo y muchos “anti”, cuando la Sala declare inconstitucional la forma de adjudicación del SITRAMSS.

No espero que la consecuencia sea mandar a destruir las terminales, carriles y buses, no se trata de botar la inversión realizada. No quiero satanizar el SITRAMSS y sus efectos positivos en los usuarios. De acuerdo con la UCA, existe lógica social o dicho de otro modo, interpretación constitucional progresiva, siendo necesario medir el impacto que tendrá la decisión de la Sala y tratar que sean mínimas las consecuencias nocivas. En su caso, mantener la infraestructura y ordenar la licitación pública, y que sea la Asamblea Legislativa que autorice la concesión para el uso y explotación del carril exclusivo.

Señores del Gobierno: Hagan las cosas bien desde el inicio y absténganse de culpar a la Sala por sus monumentales errores.

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