Opinión

14 Abr 2017
Opinión | Por: Juan Carlos Menjívar

Separación de poderes

“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder.”

-Montesquieu

 

La utilización de la teoría de la separación de poderes, o al menos aparentar que se usa, es algo básico en cualquier estado que quiera denominarse “de derecho”. Se entiende como aquella teoría, creada por Montesquieu, que advierte los peligros que puede correr el estado y los mismos hombres ante la existencia de un poder supremo, y soberano que abarque todo el poder público, por lo cual se debe buscar la creación de órganos que dividan la autoridad estatal con funciones específicas que, hasta cierto punto, puedan limitar a los otros órganos en caso de abusos.

La teoría clásica de Montesquieu divide el poder en los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, esta división se queda corta al momento de intentar adecuar el clasicismo a la contemporaneidad política nacional, por lo cual es errónea la idea que únicamente estos tres órganos ostentan el poder público.

Órganos que por orden constitucional también ostentan el poder público en El Salvador son el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Consejo Nacional de la Judicatura. Estas también deben ser incluidas en la teoría de la separación de poderes, deben ser independientes de los otros órganos y servir como limitantes del poder. En el papel así es, tomando de ejemplo a la Corte de Cuentas de la República, a simple lectura del texto constitucional es la pesadilla de todos los funcionarios corruptos; sin embargo, no es necesario pensarlo demasiado para darnos cuenta que no hay nada más alejado de la realidad. Pero, no podemos sorprendernos de su ineficacia como un límite ante los despilfarraros actuales del gobierno, ¿qué podemos esperar de instituciones sin armas y aquellas que las tienen sus funcionarios viven como miedo de su futuro?

El mal llamado primer Órgano del Estado, el Órgano Legislativo tiene por mandato constitucional el derecho y deber de elegir cada tres años a los máximos rectores de cada una de esas instituciones, que por cierto pueden ser reelegidos. Y, aunque cuentan con ciertos límites sobre a quién pueden elegir, poseen la total discreción y validez para elegir a quien más les convenga a ellos. Entonces, ¿qué podemos esperar de los funcionarios de segundo grado, que muerdan la mano del que los alimenta?

No podemos albergar esperanzas de un cambio basadas en funcionarios elegidos por la asamblea, que al terminar sus tres años busquen una relección; ellos no harán nada en contra de sus  bienhechores. Y sin la necesidad de buscar de manera extenuante, tenemos el ejemplo más vivo y palpable que podamos conseguir. En nuestro presente, el Órgano Judicial en un disparate jurídico, se encuentra subyugado al tira y afloja político, subyugado a la polarización del país. Sus magistrados son elegidos por medio del Órgano Legislativo, lo que representa una grave violación a la separación de poderes, estos deberían ser de elección popular y no estar basados en caprichos políticos.

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