Opinión

9 Jul 2013
Opinión | Por: Juan Martínez

¡Qué alguien le explique al viceministro!

Si no se tiene algo bueno que decir es mejor no decir nada. Pero entre funcionarios públicos parece que la norma es no medir las consecuencias de lo que se habla. El viceministro de vivienda, Roberto Góchez, parece no ser la persona más entendida en cuanto a mercados financieros se trata. O al menos eso parece al leer sus declaraciones respecto a la degradación en la calificación crediticia de FONAVIPO de parte de Fitch Ratings.

“Fitch puede dar misa si quiere”, fueron sus palabras al ser cuestionado respecto de la degradación. La calificación de A de la que FONAVIPO gozaba hasta antes de dicho evento estaba basada principalmente en la garantía implícita del Estado respecto de la deuda de dicha institución, no en la situación financiera de esta. Al ser incapaz de cancelar por completo su cuota de mayo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), se hubiera esperado que el Estado salvadoreño hiciera algo al respecto antes de llegar al incumplimiento, pero por diversas razones esto no ocurrió, indicando que la garantía implícita no brinda la seguridad que los inversionistas esperaban obtener.

“Eso es un supuesto de Fitch, aunque no hay una ley que lo establezca” comentó el viceministro al respecto de la garantía implícita, como tratando de justificar la situación de FONAVIPO. No importa cuántas vueltas le de a esas palabras en mi cabeza, no se les quita el tono negligente e irresponsable. Roberto Góchez parece tratar de decirle a Fitch que, si ellos asumieron que la deuda de FONAVIPO era tan segura como para merecerse una A, ese fue error de Fitch. En respuesta, la calificadora también podría afirmar, con mucha justicia, que entonces están cometiendo el mismo error con el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario, el Fondo Social para la Vivienda y el Banco de Desarrollo de El Salvador. La degradación de estas instituciones reduciría considerablemente el acceso al crédito necesario para continuar con los proyectos correspondientes y llenaría de basura la cartera de los fondos de pensiones.

Para que no cometan imprudencias como estas, considero importante el aclararle a nuestros funcionarios públicos lo que es una calificación de riesgo. Basado en un análisis objetivo, el rating es una medida que resume la probabilidad de incumplimiento de la organización evaluada. Su función principal es dar a conocer a los inversionistas el nivel de riesgo que están asumiendo. Las consecuencias de ignorar o entorpecer dicha función puede llevar a catastróficas consecuencias, especialmente en países en los que el Banco Central no puede imprimir moneda para funcionar como prestamista de última instancia (como ocurrió en Grecia hace algunos años, pero probablemente peor).

En el caso de FONAVIPO, la calificación de riesgo refleja una verdad: el crédito que cayó en incumplimiento proviene de un programa fallido realizado por el gobierno de Funes en un intento de reactivar la economía en tiempos de crisis. Un experimento de política económica keynesiana que trató de estimular la demanda agregada, pero que irónicamente falló por la falta de demanda.

Los últimos dos gobiernos han venido usando a los fondos de pensiones para financiar la deuda pública de forma desmedida. Forzar a las administradoras de pensiones a invertir en este, y otros proyectos fallidos del Gobierno es la receta para la miseria. Ahora más que nunca es necesario que las AFP sean libres para invertir donde sea más rentable. Medidas como esta, y la incapacidad de moderar las palabras pueden fácilmente empujarnos hacia la primera crisis financiera de la postguerra, y señalar a los culpables sería fácil. Señores funcionarios, piénsenlo bien.

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