Opinión

14 May 2015
Opinión | Por: Herbert Escoto

Pueblo ignorante, presidente feliz

Es evidente quién tiene la intención de promover la cultura jurídica y el respeto al Estado de Derecho, pues mientras el Presidente incitaba al desacato judicial en su discurso, algunos magistrados en los últimos años se dedicaron a repartir Constituciones de bolsillo.

¿Alguna vez han leído una resolución judicial? Son documentos dotados de un altísimo lenguaje técnico-jurídico. La comprensión de estos documentos no siempre es fácil, incluso para aquellos que tienen formación jurídica. Se suelen utilizar conceptos jurídicos con un significado muy específico para la materia, que en ocasiones es muy diferente al que se le atribuye en el uso coloquial. Algunas resoluciones, por supuesto, no son las más felices debido a la imprecisión jurídica del criterio del juzgador.

Una sentencia, que es un tipo de resolución judicial y no la única, es aquella decisión sobre un determinado asunto cuyo fallo puede ser únicamente de dos formas: favorable o desfavorable. Lo anterior implica que de las partes involucradas en el asunto, una resultará feliz mientras que la otra no. Es una realidad indiscutible y que es aceptada desde hace siglos.

Es natural, desde luego, que cuando el asunto que está siendo juzgado tiene incidencia a nivel nacional, el disgusto provocado por una sentencia a una de las partes sea mayor y su eco sea molesto. Lo que nunca es natural, legal, ético y normal es que una de las partes decida por su cuenta no acatar o incluso pensar en no acatar la decisión judicial que, desde hace siglos se acepta, es de obligatorio cumplimiento.

La cosa juzgada queda firme en el tiempo con el fin de generar seguridad jurídica. Por supuesto, el hecho de que una sentencia sea firme no es motivo para que esta no sea discutida y debatida. Todo lo contrario, es sano, fomenta el debate y crea una cultura jurídica que no solo debe ser propia de los juristas, sino de la ciudadanía en general.

A propósito de la cultura jurídica, esta debe promoverse desde diversos sectores: privado, público, comunidad estudiantil, familia, amigos, etc. No con el fin de crear juristas, suficientes hay, sino con el objetivo, no único, de fortalecer el respeto al Estado Constitucional de Derecho. Esta cultura jurídica no es fuerte por el momento y uno de los indicios que conduce a afirmar esto es la brecha existente entre la comprensión jurídica de los ciudadanos y el nivel técnico-jurídico plasmado en la jurisprudencia de los altos tribunales del órgano judicial.

Si esta brecha es minimizada los efectos positivos visibles serán una cultura jurídica fuerte, ejercida por ciudadanos pensantes y activos en la vida política. Habrá una sociedad civil, aunque diversa en pensamiento, unida en el respeto a la institucionalidad y celosa ante conductas antidemocráticas; y sobre estas conductas antidemocráticas la primera reacción de los ciudadanos debe ser un rechazo contundente al agente que las genera.

Todo lo anterior sirve para entender la reciente confrontación por parte del Presidente Salvador Sánchez Cerén contra la Sala de lo Constitucional en su discurso del Día Internacional del Trabajo, pues tiene una explicación políticamente oportuna y conveniente, pero incorrecta. El Presidente aprovechó la débil cultura jurídica de su público en lugar de fomentar el debate jurídico. ¿Con qué fin? Saberlo seguramente asustaría. Lo que sí es evidente es quién tiene la intención de promover la cultura jurídica y el respeto al Estado de Derecho, pues mientras el Presidente incitaba al desacato judicial en su discurso, algunos magistrados en los últimos años se dedicaron a repartir Constituciones de bolsillo en comunidades con una escasísima comprensión jurídica. Esto último demuestra cómo el poder es ejercido de formas totalmente distintas, ya sea para beneficiar o perjudicar.

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