Opinión

30 Oct 2015
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Probidad: un término legal poco conocido

Más inútil que la “P” de psicología ha sido la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que funciona como simples espectadores en primera fila del enriquecimiento desproporcionado de muchos funcionarios, sin ejercer ninguna acción al respecto.

Más desobedecida que la obligación de “leer los términos y condiciones” en cualquier instalación en internet, ha resultado la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que además de desobedecida, es obsoleta. Esta ley tiene 56 años de vigencia, y no explica cuál es el objeto de la misma –que debería plasmarse en su artículo 1- pero se entiende del artículo 7 que es para evitar el enriquecimiento ilícito y sus consecuencias en caso de incumplir con las prohibiciones. Obliga a emitir declaraciones patrimoniales a ciertos funcionarios y establece el procedimiento a ejecutar cuando las declaraciones patrimoniales resulten sospechas de enriquecimiento ilícito.

En su momento, era un instrumento idóneo para combatir la corrupción e impunidad, pero la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, encargada de cumplir y hacer cumplir esta ley, ha resultado inútil en esta lucha. Ha sido encubridor y cómplice de declaraciones sospechosas: se mantuvieron al margen de investigar anomalías, adujeron carga laboral, retrasaron entregas públicas de patrimonio y dejaron transcurrir el plazo de prescripción, hasta que por orden del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) los obligaron a entregar declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios.

Cincuenta y seis años tuvieron que transcurrir después de la entrada en vigencia de la ley para que se sentara precedentes de investigación, iniciando con la orden de la Corte Suprema de Justicia de abrir un proceso judicial por la sospecha de enriquecimiento del diputado Reynaldo Cardoza, y posterior anuncio de investigaciones patrimoniales de trece funcionarios, incluidos tres expresidentes de la República.

La investigación periodística también ha hecho su parte. Un rotativo ha coleccionado casos de aumentos patrimoniales desmedidos y sospechosos. En sus portadas y noticias principales han desfilado Guillermo Gallegos, Carlos Reyes, Jesús Grande, Sigfrido Reyes y Francisco Merino. Evidente sospecha de enriquecimiento de estos funcionarios, que bien se le puede aplicar la ley de enriquecimiento ilícito pero también se les debe investigar penalmente. Pero, ¿y el Fiscal? Bien gracias, en campaña para su reelección y queriendo quedar bien con los diputados.

La realidad demuestra que se ha dado un gran paso para combatir la corrupción, pero no es justo que la Corte Suprema de Justicia sea la única que ejerza activamente su rol en el ámbito que le corresponde. Es notable la carente actuación de la Fiscalía General de la República, no solo en los actuales casos de sospechas de enriquecimiento, sino en anteriores publicaciones de investigaciones de los medios de comunicación, sin que se obtenga resultados de parte de las instituciones estatales.

Si existe voluntad de cumplirla, una ley hasta desfasada y obsoleta funciona. Pero si existe una ley eficaz, se pueden obtener loables resultados. Por ello se ha venido insistiendo en la necesidad de una Ley de Probidad Pública, que supere las falencias heredadas por la vejez de la ley vigente, que amplíe los sujetos obligados a emitir declaraciones patrimoniales, que arme a la Dirección de Probidad de facultades legales suficientes para comprobar la veracidad de las declaraciones y confrontarlas con información obtenida de los diferentes registros públicos y entidades financieras, y a la vez, establecer el procedimiento aplicable y las sanciones necesarias para los funcionarios y exfuncionarios que no cumplan con los requerimientos ordenados por la ley.

Es indispensable que la Asamblea Legislativa apruebe la Ley de Probidad Pública para que se efectúe un borrón y cuenta nueva en este fracasado modelo de probidad pública instaurado hasta la actualidad, y que la dependencia encargada de recibir las declaraciones patrimoniales sea verdaderamente activa. Esto a fin de cerrar filas para evitar la fiesta de la corrupción e impunidad y se garantice la transparencia y probidad en las instituciones públicas.

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