Opinión

20 Mar 2015
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Por una pronta y cumplida justicia

Se elegirán a profesionales que van a dirigir el Órgano Judicial, tan importante para el trabajo armónico con otros órganos del Estado, pero también para lograr su ideal: por una pronta y cumplida justicia.

Después del desgaste de las elecciones municipales, legislativas y Parlacen, que incluyó la eterna espera de la población, la angustia de los candidatos y la férrea crítica hacia las autoridades del TSE, se avecinan otras elecciones. Estas menos rimbombantes que aquellas que ocuparon el tema principal de los medios de comunicación, pero sí vitales para la eficaz administración de justicia y para el ejercicio de pesos y contrapesos que debe existir en los órganos del Estado.

El sábado 28 de marzo se celebrarán las elecciones de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de consejales del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Me referiré a las elecciones de magistrados de la CSJ. Estas son organizadas por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y todos los abogados de la República están aptos para votar. Se celebran cada tres años para elegir de forma alternada a cinco magistrados propietarios y cinco suplentes del total de 15 magistrados propietarios y sus respectivos suplentes que se distribuyen en las cuatro salas de la CSJ.

Se envía al CNJ la lista de los 15 abogados más votados y los consejales seleccionan a otros 15 candidatos para enviar a la Asamblea Legislativa la lista de 30 aspirantes, donde los diputados eligen a los cinco nuevos integrantes de la CSJ y sus suplentes.

Es importante recordar que el artículo 176 de la Constitución establece los requisitos para ser magistrado de la CSJ: salvadoreño, del Estado seglar, mayor de 40 años, abogado, de moralidad y competencia notoria, haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante seis años o una judicatura de primera instancia durante nueve años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.

Muchos cumplen dichas condiciones, excepto el de moralidad y competencia notoria, que es uno de los requisitos más controvertidos y violentados por los diputados. Es evidente la selección de funcionarios basándose en el compadrazgo, subordinación a los jefes diputados o personas afines a un partido político, sin tener el mínimo cuidado de evaluar si esta persona es apta para desempeñar tan importante cargo. Para recordar, en la elección de magistrados en el año 2009, los diputados se enorgullecían por elegir personas idóneas e independientes en la Sala de lo Constitucional, pero esa alegría se esfumó y el divorcio llegó cuando empezaron los fallos que les impidió a los diputados hacer o deshacer lo que deseaban sin tener una institución que controle sus actos ilegítimos.

Las asociaciones de abogados, tal como lo manda la Constitución, han presentado múltiples propuestas para ocupar una magistratura dentro del máximo tribunal de justicia, y pocos sobresalen por su ética, dedicación y trayectoria profesional. El candidato Sergio Luis Rivera fue el más votado en las elecciones anteriores, pero cuyo objetivo se le negó en esa oportunidad. Su experiencia al frente de un tribunal y sus conocimientos compartidos en varias universidades del país y en múltiples cursos, le permiten posicionarse como fuerte aspirante a ascender a la CSJ. La magistrada Sandra Luz Chicas es una mujer idónea para integrar la Sala de lo Penal, se distingue por su trayectoria académica y experiencia profesional. El juez Saúl Ernesto Morales es otra persona apta para ocupar tan digna investidura.

Estas elecciones son poco mediáticas, porque es la primera etapa de la selección, luego hay que pasar por el filtro de la Asamblea Legislativa. Pero la decisión de los abogados será de gran trascendencia, en razón de que se elegirán a personas que van a dirigir el Órgano Judicial, tan importante para el trabajo armónico pero independiente con otros órganos del Estado como para el cumplimiento de su ideal: por una pronta y cumplida justicia.

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