Opinión

24 Ago 2017
Opinión | Por: Eduardo Rosales

¡Por una Corte que cuente!

La Corte de Cuentas de la República (CCR), por mandato constitucional, es una de las instituciones de contraloría social, cuya función, según el artículo 195 de la Constitución, es velar que se cumpla de manera transparente el presupuesto de la nación y la fiscalización técnico, y legal de la Hacienda Pública en general. La CCR ha sido una institución que por décadas ha sido polarizada. Siendo un ente importante en la lucha contra la corrupción, ha estado ausente en su deber ser, ya que las autoridades que la conforman son funcionarios incapaces y que responden a intereses políticos, y económicos.

La CCR, en su función de entre contralor, dio a demostrar en 2016, su incapacidad para detectar ciertas irregularidades en la administración de fondos públicos. La falta de eficacia de la CCR resulta aún más evidente en el actual combate contra la corrupción que impera en el país, protagonizado por los renovados esfuerzos que están liderando instituciones encargadas de ejercer contraloría, como la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

De acuerdo a las memorias de labores de la CCR presentadas a la Asamblea Legislativa, vemos que entre 2014 y 2015 hay una reducción del 11.3% en los hallazgos de irregularidades, es decir que de 2,230 hallazgos pasaron a 1,977 hallazgos; luego, en 2016 se reportaron 710 hallazgos generando una reducción del 64%. En cuanto a las acciones de control en 2014 se presentaron 933 acciones; mientras que, en 2015 hubo 809, generando una reducción del 7%; y de 2016, aún no se encuentran datos.

Desde su fundación, la CCR ha mostrado su ineficacia para controlar el bueno uso de los fondos públicos, visibilizada con mayor fuerza por escándalos de corrupción que involucran elevadas sumas de dinero, que han sido ilegalmente sustraídas de las arcas del Estado.

Es por ello que la elección de los magistrados que debe hacerse, abre una ventana de posibilidades y de esperanza para fortalecerla. Está es una elección clave para mejorar la lucha contra la corrupción, es necesario tener claro como salvadoreños qué tipo de funcionarios queremos que fiscalice y que no tengan miedo en denunciar el mal uso de nuestros fondos. La capacidad técnica y la independencia partidaria podrían dar como resultado a una institución más fortalecida.

Según Sofía de La O, Directora Ejecutiva de Fundación DTJ, el hecho que dichos funcionarios sean elegidos por mayoría simple en la Asamblea Legislativa, da lugar al cuoteo partidario.

Para Humberto Sáenz, Presidente del Centro de Estudios Jurídicos, considera que deben de realizarse algunas mejoras al proceso de selección de funcionarios de segundo grado, tales como: crear un filtro al inicio de la convocatoria, dónde se identificarán los perfiles adecuados para el cargo en base a lineamientos constitucionales y legales. Se debe conducir un proceso adecuado de entrevista, que puedan identificar la mejor característica de los candidatos; e incorporar otra etapa, donde dejen participar a la ciudadanía organizada para realizar objeciones justificadas y comprobadas en contra de los candidatos.

Dada esta difícil realidad, como ya lo he dicho en mis otras columnas, es necesario que la ciudadanía forme parte de este cambio de paradigma y para ello, deben reforzarse los mecanismos de participación de abajo a arriba; así como, la transparencia en los procesos y en los objetivos a conseguir. Para ello, tanto la educación como la cultura deben ser pilares que sustenten la renovación de un sistema político, que se muestra ya caduco, y que absorben a las personas que lo soportan para conformar una sociedad responsable en sus deberes, independiente en su hacer y exigente de sus derechos.

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