Opinión

5 Feb 2016
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Pandillas + Gobierno = Crimen

¿Cómo confiar en ustedes, funcionarios y ex funcionarios, si se convirtieron en los principales financistas del crimen en el país? ¿Cómo son capaces de sobrepasar el límite de lo humano con tal de complacer sus asquerosos intereses de poder?

¿Existe alguien más insensible e inhumano que los pandilleros que asesinan cruelmente? Sí, los funcionarios que les dan los insumos y recursos necesarios para profesionalizar su ocupación.

David Munguía Payes, cuando iniciaba su cargo de Ministro de Seguridad prometió que reduciría los homicidios en un treinta por ciento. Los gobernados no sabíamos del plan oscuro que pretendía fraguarse. Le creímos y con ese sedante comenzó la famosa tregua entre pandillas que provocó la reducción drástica de los homicidios, causando aplausos, sonrisas, ánimos y esperanza en la población.

No era un secreto que el Gobierno anterior utilizaba “mediadores” para negociar con pandilleros. No se ocultaban los múltiples beneficios que les concedieron a cambio de la aparente disminución de asesinatos, y no era secreto que los pandilleros simularon una entrega de armas más viejas que aquellos aviones que compró la fuerza aérea. La negociación con el crimen se manejaba a plena luz del día y con los medios de comunicación como testigos, era voz popular que el Gobierno se percató de su incapacidad de combatir la delincuencia y se fue a sentar con el enemigo.

Bien dicen que tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Y este oscuro pacto se mantuvo en secreto, hasta que testigos criteriados destaparon la cloaca llena de estiércol. Revelaron que les obsequiaron celulares a los pandilleros, les regalaron armas, les celebraban “orgifiestas” e hicieron de los centros penales su mando de control, su casa matriz, su propio parque de diversiones con todos los caprichos y lujos que quisieron.

Es intolerable, indignante, inmoral e ilegal negociar con la mafia y pactar el crimen organizado controlado por autoridades. Los delitos cometidos son de incalculables dimensiones: homicidios, extorsiones, actos de terrorismo, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción de armas de guerra y de fuego, todos en su calidad de instigadores y de cómplices. El artículo 36 del Código Penal expresa: “Se consideran cómplices: 2) Los que presten su cooperación de cualquier otro modo a la realización del delito, aún mediante promesas de ayuda posterior a la consumación de aquél”. ¿Será capaz Arquimides Meléndez, el nuevo Fiscal, de procesar a los funcionarios y particulares cómplices del derrame de sangre y la fiesta del crimen organizado? No es una facultad, es una obligación del Fiscal investigarlos y procesarlos.

¿Qué pensarán los salvadoreños dolidos por la muerte de sus seres queridos a causa de los disparos con las armas de fuego obsequiadas? ¿Por la zozobra en que viven producto del acoso extorsivo? ¿Por la infinidad de amenazas que reciben? Todo con la complicidad del Gobierno. Las autoridades están para defender a salvadoreños honrados y trabajadores que luchan por lograr su progreso personal, familiar y el de su país; pero en lugar de eso, se alían con el crimen a cambio de una aparente y engañada paz, y para satisfacer sus entuertos políticos.

Autoridades que participaron en este nefasto pacto: si se acercaron, socializaron, negociaron e hicieron amistad con pandilleros, deberían estar con ellos, encerrados, para que también sean parte de la fiesta, pero permitan y permitamos que gobiernen personas dignas que los combata a ustedes. Ahora la duda me surge en quiénes son más criminales, las autoridades o los pandilleros. Los últimos no esconden nada, los primeros son lobos que actúan disfrazados de ovejas.

¿Cómo confiar en ustedes, funcionarios y ex funcionarios, si quebrantaron el juramento constitucional, si se convirtieron en los principales financistas del crimen en el país? ¿Cómo son capaces de sobrepasar el límite de lo humano con tal de complacer sus asquerosos intereses de poder?

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