Opinión

28 Jul 2017
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Pactos de corruptos

“Molesta, enoja, causa repudio e indigna la clase de gobernantes que tenemos, esos que protegen su corrupción y cuidan su sucio chanchito a cualquier costo”.

La Constitución de la República establece y ratifica el poder que tiene el pueblo sobre los funcionarios. El artículo 83 menciona que El Salvador es un Estado soberano, cuya soberanía reside en el pueblo, quienes eligen a los gobernantes y también tienen el poder de despojarlos de su investidura. Mientras que, el art. 86 afirma que el poder público emana del pueblo y que los funcionarios son solamente delegados.

Esas y otras teorías se detallan en la Constitución y lo explican en los salones de clases en las materias de Derecho Constitucional y afines. Desgraciadamente, el “deber ser” dista mucho de la realidad, esto se ilustra con el comportamiento y decisiones de los funcionarios que se sientan en el Salón Azul y la complicidad e incluso coautoría del funcionario que preside el Órgano Ejecutivo.

La Asamblea Legislativa (AL), desde la nueva presidencia ha cambiado. Ya no hacen madrugones, ahora los negocios se concretan a plena luz natural y aun así no dejan de ser oscuros. Con bombos y vítores, el siete de noviembre de 2013, bajo Decreto Legislativo Nº 534, la AL aprobó la Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita, anunciándola como una verdadera herramienta que atacará el corazón financiero de la corrupción y el crimen organizado.

Las opiniones de políticos se unificaban en torno a la plausible ley, que recién aprobaban para que se persigan los beneficios que acarrea la corrupción y el crimen. La luna de miel terminó cuando las letras se convirtieron en acciones y se comenzó a experimentar con patrimonios de ex y actuales funcionarios, y bienes de personas con alto poder económico y político.

Repentinamente, se puso de manifiesto el descontento y la inconveniencia, y se adentraron a modificar las reglas del juego, dejándolas con una inclinación del 80 % vs. 20 % a favor de la persona, cuyos bienes son investigados y demostraron que el poder del cuello blanco todavía se mantiene incólume.

Siguiendo lineamientos jerárquicos pro-corrupción, la AL reformó 15 artículos de la ley, básicamente los necesarios para eliminarle toda fortaleza y eficacia. Las modificaciones más importantes son la eliminación de la posibilidad de la extinción de bienes equivalentes, el Juez deberá determinar el origen ilícito de los bienes, el nuevo plazo de prescripción, el acceso al expediente desde la fase de investigación, el cambio de criterio de medidas cautelares, la imposibilidad de reabrir la investigación después de ser archivada definitivamente, la obligación de probar que los bienes son de origen o destinación ilícita y la entrega de los bienes en depósito a los afectados como regla general.

La aritmética de la ley originalmente se basaba en la premisa: si no justificas el origen lícito de los bienes, obviamente lo adquiriste de forma ilícita y por tanto, se procede a extinguir el dominio. Ahora el Juez tiene que establecer con claridad las actividades ilícitas que realizaron, para poder extinguir los bienes. El crimen organizado y el lavado de dinero requiere de investigaciones demasiado complejas y rara vez se llega a determinar con exactitud las actividades ilícitas concretas. Es decir, esta ley perderá eficacia y se volverá acéfala.

Fulanito puede dedicarse al crimen organizado y a desfalcar a la hacienda pública, puede comprar carros, casas, ranchos y muchas cosas más con ese dinero, crea empresas fachada para justificar parte del patrimonio, enajena sus bienes que adquirió de forma ilícita cuando lo empiezan a investigar porque ya no podrán extinguirle bienes equivalentes, hace artilugios para ocultar bienes por 10 años para que el Estado después se los legitime. Podrá seguir usando sus bienes, mientras dure el proceso de extinción de dominio y el Juez tiene que fundamentar detalladamente sus actos ilícitos.

Molesta, enoja, causa repudio e indigna la clase de gobernantes que tenemos, esos que protegen su corrupción y cuidan su sucio chanchito a cualquier costo.

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