Opinión

1 Sep 2017
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Otra vez Guatemala

“El soberano tiene la capacidad de elegir a sus funcionarios pero también de despojarlos de su investidura cuando no cumplen con sus atribuciones y cometen actos ilegales”.

Es un trabajo conjunto. Por una parte, la Fiscal General ha actuado de forma independiente y con agallas para investigar y procesar casos que involucran a altos funcionarios del Gobierno guatemalteco, en coordinación con un colombiano que ha demostrado estar más comprometido con Guatemala, que sus mismos funcionarios. Por la otra, nuestros ciudadanos vecinos, después de conocer las investigaciones e indicios de corrupción, han demostrado tener la valentía y el coraje necesario para salir a las calles, hacerse escuchar y obligar a renunciar al poder a funcionarios corruptos.

En estas fechas, hace dos años, Guatemala se encontraba en un caos total, con la gente volcada en las calles exigiendo la renuncia de los entonces Presidente y Vicepresidenta, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti respectivamente, por la vinculación a una red de corrupción que cobraba sobornos a los importadores para evadir impuestos.

En mi columna de ese entonces: “El espejo es Guatemala”, destaqué el importante trabajo de las instituciones encargadas de la investigación penal y el loable, y plausible papel de la ciudadanía al organizar protestas exigiendo la renuncia de aquellos funcionarios para que enfrenten un proceso penal. Valió la pena ese esfuerzo, ya que permitió la captura, la acusación y hasta el día de hoy se mantienen detenidos.

También, retomé el desinterés de la gente en las elecciones que se avecinaban, porque la percepción ciudadana era nefasta para los candidatos y decidieron elegir a un comediante para que ocupe la presidencia; pues era el único que tenía las manos limpias debido a su inexperiencia en política.

Bastó un año y medio para que la valentía de la Fiscal y el principal designado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) volvieran a hacer de las suyas, esta vez en contra de familiares del actual Presidente y el mismo mandatario. Son dos casos importantes:

  • A inicios del presente año, el hijo y hermano del Presidente fueron acusados de defraudar al Registro General de la Propiedad por una supuesta venta de comida fantasma
  • La CICIG detectó irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial del partido político Frente de Convergencia Nacional, cuyo Secretario era Jimmy Morales.

Ante ello, el comisionado de la CICIG pidió antejuicio para el Presidente guatemalteco y este demostró que se encuentra dominado por el nerviosismo, haciendo jugadas contraproducentes para salir ileso de la investigación. La declaratoria de persona “Non grata” al comisionado de la CICIG ha sido la primera y, al parecer, será la única jugada necesaria para su suicidio político. Un acto precipitado, malicioso y con evidentes intereses personales.

Pero, afortunadamente, los frenos y contrapesos funcionan. La Corte de Constitucionalidad (CC) frenó la decisión presidencial y decretó el amparo provisional al demandante, suspendiendo la ejecución de la decisión del Presidente de expulsar al comisionado de la CICIG.

La CC determinó que el decreto presidencial violó los procedimientos establecidos en los arts. 182 inc. 2º y 194 de la Constitución chapina, corrigiendo la plana de esos actos inconstitucionales. Tiene mucho parecido con la realidad de la Sala de lo Constitucional (SC) de este país.

Guatemala nos ha dado ejemplo en tres aspectos:

  • Estamos lejos de lograr instituciones independientes y comprometidas con el combate a la impunidad y la corrupción, sin distingos partidarios ni intereses oscuros
  • El poder que tiene el pueblo es inmenso. El soberano tiene la capacidad de elegir a sus funcionarios pero también de despojarlos de su investidura cuando no cumplen con sus atribuciones y cometen actos ilegales
  • La independencia judicial y la división de poderes no es invento de la SC. Las facultades del tribunal constitucional van más allá de ser un simple legislador negativo y tiene la atribución de mandar a corregir las actuaciones inconstitucionales de los demás órganos del Estado

PD: Lo dije en mi columna: “CICIES, una necesidad de país”, y ahora lo reitero: es necesaria una CICIES. URGENTE.

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