Opinión

3 Jul 2017
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Nuestro referente sistema de justicia

“Este país tiene potencial intelectual para estar a la vanguardia legal y doctrinal, y ser referente jurídico en Latinoamérica”.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en aras de fortalecer el sistema judicial, ha presentado iniciativas de ley para la creación de sedes judiciales en distintas competencias materiales. Verbigracia: los Juzgados Especializados contra el Crimen Organizado y su Cámara, Juzgados de lo Civil y Mercantil, Juzgados medioambientales y su respectiva Cámara. Estos tribunales han realizado una aceptable labor, pero en el caso de los Juzgados Especializados, han acaparado la mayoría de los procesos con mínima complejidad provocando colapso laboral. Por ello, la CSJ pretende abolirlos y convertirlos en sedes judiciales ordinarias.

Pero no es ese el punto. La CSJ está cumpliendo con dos deudas que nos ha mantenido a la zaga en Latinoamérica. En materia de derechos humanos de las mujeres y en jurisdicción contencioso administrativo.

Después de un par de prórrogas, en teoría, este día 30 de junio iniciaron las funciones de los Juzgados Especializados de Instrucción y de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres y su respectiva Cámara en la ciudad de San Salvador, y se espera la apertura de dichos Juzgados para el próximo diciembre en las ciudades de Santa Ana y San Miguel.

Según el decreto de creación, los Juzgados Especializados de Instrucción tendrán competencia para conocer de los asuntos que le sean remitidos por los Juzgados de Paz en los delitos establecidos en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; de los procesos de violencia intrafamiliar; de la emisión, seguimiento y vigilancia de las medidas cautelares y de protección estipuladas en las leyes relativas a la protección de las mujeres y; los delitos de discriminación laboral, atentados relativos al derecho de igualdad, violencia intrafamiliar, incumplimiento de los deberes de asistencia económica y, desobediencia en caso de medidas cautelares o de protección. Mientras que, los Juzgados Especializados de Sentencia tendrán competencia para conocer de los asuntos que le sean remitidos por el Juzgado Especializado de Instrucción.

Por otra parte, ha sido escasa la satisfacción de pretensiones jurídicas de los administrados en la jurisdicción contencioso administrativo, en comparación con otras áreas. La Sala de lo Contencioso Administrativo (SCA) es el único tribunal que dirime los procesos contra la administración pública, cuyo monopolio ha provocado excesiva carga laboral y por efecto reflejo, considerable mora en la tramitación de los procesos.

Este impase mantiene a los administrados en un limbo al soportar la tardía respuesta de la SCA y en muchos casos, se torna ineficaz la sentencia del tribunal. Aunado a ello, la dispersión de leyes administrativas provoca confusión y por ende, frustración en el administrado, absteniéndose de ejercer sus reclamaciones y resignándose a la vulneración de sus derechos.

El proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo (LJCA) se encamina a satisfacer esta problemática, con la creación de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo en las ciudades de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, y la Cámara de lo Contencioso Administrativo en San Salvador.

Dichos Juzgados, de conformidad con el art. 12 de la LJCA, tendrán competencia para dirimir las pretensiones deducidas en materia contencioso administrativo sobre el personal de la Administración pública, asuntos de migración y extranjería, cuestiones municipales y materia autorizatoria. También en las cuestiones cuya cuantía no exceda de los $500 mil y de la autorización de registro con prevención de allanamiento para investigar una infracción administrativa.

Ahora, la Cámara de lo Contencioso Administrativo, según el art. 13 de la LJCA, tendrá competencia para conocer de los asuntos cuya cuantía excede los $500,000; de las demandas contra actuaciones de las máximas autoridades de los Órganos de creación constitucional y de los recursos de apelación pronunciados por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, la LJCA le atribuye a la SCA nuevas competencias.

Los proyectos de Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Ley de Procedimientos Administrativos se encuentran pendientes de aprobación por la Asamblea Legislativa, no obstante la CSJ ya inició el proceso de selección de aspirantes a laborar en sus Juzgados y Cámaras.

Es imperativo desarrollar nuestro sistema de justicia y caminar al lado de los ordenamientos jurídicos desarrollados, pues este país tiene potencial intelectual para estar a la vanguardia legal y doctrinal, y ser referente jurídico en Latinoamérica.

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