Opinión

5 Sep 2013
Opinión | Por: Juan Martínez

Nadie quiere ser el ogro

Ya es esa época del año preelectoral en la que los candidatos presidenciales deben presentar con mayor detalle su plan de gobierno. A diferencia de las últimas elecciones, las finanzas estatales están severamente deterioradas por una crisis económica, que redujo considerablemente la recaudación fiscal, y por un incremento  considerable del gasto, en teoría como una medida para palear los efectos de la crisis. Por esta razón, es de esperar que la siguiente administración tenga que tomar medidas importantes para incrementar la recaudación, reducir el gasto, generar tasas más satisfactorias de crecimiento económico, o una combinación de las tres medidas.

A pesar del importante rol que juega la política fiscal en la estabilidad macroeconómica del país, el tema es tan propenso a ser instrumento del discurso populista, que su correcta utilización no necesariamente es el resultado más probable. El incremento de impuestos es una medida impopular que muy pocos políticos se atreven a mencionar, y menos a promover. Un claro ejemplo de esto fue la transición hacia el nuevo sistema previsional: si bien el cambio hacia el sistema de capitalización individual fue una decisión acertada, dicho proceso cargó al Estado (como era de esperarse) con deuda previsional, proveniente del sistema anterior, sin una fuente de ingresos correspondiente para financiarla.  La recomendación de los expertos, basada en experiencias previas de otros países, es incrementar el IVA, pero obviamente nadie quiso ponerse la soga al cuello y proponer dicha medida.

Controlar el gasto público tampoco se lleva el premio a la más simpática de las políticas, porque este constituye una de las herramientas más importantes para ganarse el favor del pueblo. Después de todo, incluso cuando no se cuenta con una propuesta inteligente para solucionar los problemas de la población, siempre es posible usar el comodín de los subsidios. El problema es que el gasto público, en un país donde los políticos solo planean hasta la siguiente elección, tiende a divergir: en los ojos de la población, quien entrega un subsidio es el héroe del grupo beneficiario, mientras que el que lo retira es el ogro. Desde que la economía se dolarizó, el control del gasto público debería haberse vuelto una prioridad por dos razones: Primero, porque la política fiscal se volvió nuestra única herramienta para lidiar con la parte baja del ciclo económico; segundo, porque no hay política monetaria que nos salve de una crisis fiscal, dejándonos virtualmente tan vulnerables como Grecia. A pesar de los beneficios que trae la dolarización al país en términos de estabilidad macroeconómica, la ausencia de un pacto fiscal, y la frecuencia con que se hace un uso irresponsable de los fondos públicos, puede hacer que nos salga el tiro por la culata.

Finalmente, los impuestos (especialmente el impuesto sobre la renta) suele utilizarse como un instrumento para redistribuir la riqueza; sin embargo, hay varias razones por las cuales esto no es lo mejor. La lógica de que los ricos paguen más que los pobres hace sentido en términos de justicia tributaria, pero es necesario comprender que un excesivo nivel de progresividad también daña los incentivos para trabajar, dificultando la movilidad social, que es en última instancia lo que se quiere promover. Después de todo, ganar dinero haciendo uso de los talentos propios no es inmoral, pero establecer impuestos demasiado elevados en la parte alta de la distribución reduce el premio para quienes tratan de hacer justamente esto.

Es necesario que los candidatos presidenciales aborden el tema fiscal buscando el bienestar a largo plazo (en todas las dimensiones relevantes) más allá de la simple maximización de los votos que nos ha llevado hasta donde estamos ahora.

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