Opinión

12 Mar 2018
Opinión | Por: Eduardo Rosales

Modernización del Estado a través de la regulación a la función pública

La Carta Iberoamericana de la Función Pública cataloga el servicio civil o función pública como “un conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articula y gestiona el empleo público y las personas que integran a éste”.

En ese sentido, la burocracia es una pieza fundamental en el efectivo funcionamiento del sistema democrático y en la vigencia del Estado de derecho, ya que asegura en última instancia la ejecución de las políticas públicas, a través de un cuerpo de servidores públicos. Por ello, es necesaria una ley que profesionalice los cargos públicos y se utilice la meritocracia como un mecanismo para otorgar puestos públicos.

La ausencia de eficacia y eficiencia del sector público pone en peligro su legitimidad, y estabilidad que puede llegar a poner en cuestión el propio sistema político, ya que en la medida en que los gobiernos no proporcionen con eficacia las políticas y los servicios públicos demandados socialmente, disminuyen los apoyos al sistema político.

Por lo anterior, es imperante la necesidad de una burocracia con un diseño organizativo que sea capaz de dar respuesta a las funciones que la sociedad reclama, ya que la legitimidad del régimen también pasa por la valoración y apoyo que la ciudadanía tiene de sus instituciones.

Pese a que en El Salvador se cuenta con una Ley de Servicio Civil, que data de 1961 y que surge para desarrollar el artículo 109 de la Constitución de 1950, desde entonces no ha sido objeto de reformas sustanciales que permitan mejorar la profesionalización del servicio civil en el país. De los catorce reformas a la ley, nueve se hicieron entre 1961 y 1973 y las demás veintiocho años después, a partir del 2001. Es importante destacar que la actual legislación no posee un reglamento que desarrolle la ley, ni mucho menos es aplicable a todos los servidores públicos porque excluye a un importante número de organismos y de puestos.

Es inevitable la modernización del Estado con base a un nuevo marco jurídico que regule la función pública que redundará en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Esta regulación tiene como base la normativa constitucional en el Art. 219, en donde instaura la carrera administrativa y manda a regular el servicio civil, en especial el ingreso a la administración; supervisar su promoción y ascenso con base al mérito, y aptitud.

Por ello, cuando se establece la carrera administrativa, manda a que el servicio del denominado funcionario público se encuentre bajo la jurisdicción de un régimen de carrera, que redundará en la eficiente realización de las funciones estatales de este.

En el pleno legislativo se encuentran dos anteproyectos de ley, que tienen como fin regular la función pública e instaurar la carrera administrativa. La próxima ley que deba discutirse y posteriormente aprobarse en el seno legislativo debe estar enfocada en promover y fortalecer la trasparencia, el profesionalismo y actualización estatal, la rendición de cuentas con el debido acceso a la información, el uso efectivo de la asignación presupuestaria y la reducción de costos en la administración pública.

Una política de construcción de una adecuada Administración Pública que coexista junto a la carrera administrativa se convierte en pilar de una lucha frontal contra la corrupción. Por lo que el funcionario público bajará su tendencia a cometer e inclusive a tolerar actos de corrupción. Lo que conllevará a que el funcionario, al sentirse premiado por sus méritos y su capacidad, generará cierta motivación para desempeñar sus funciones de la manera más ética, capaz y efectiva posible; logrando que este pueda aplicar a otra posición de mayor rango en la jerarquía en la que se desempeñe.

La Carta Iberoamericana de la Función Pública cataloga el servicio civil o función pública como “un conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articula y gestiona el empleo público y las personas que integran a éste”.

En ese sentido, la burocracia es una pieza fundamental en el efectivo funcionamiento del sistema democrático y en la vigencia del Estado de derecho, ya que asegura en última instancia la ejecución de las políticas públicas, a través de un cuerpo de servidores públicos. Por ello, es necesaria una ley que profesionalice los cargos públicos y se utilice la meritocracia como un mecanismo para otorgar puestos públicos.

La ausencia de eficacia y eficiencia del sector público pone en peligro su legitimidad, y estabilidad que puede llegar a poner en cuestión el propio sistema político, ya que en la medida en que los gobiernos no proporcionen con eficacia las políticas y los servicios públicos demandados socialmente, disminuyen los apoyos al sistema político.

Por lo anterior, es imperante la necesidad de una burocracia con un diseño organizativo que sea capaz de dar respuesta a las funciones que la sociedad reclama, ya que la legitimidad del régimen también pasa por la valoración y apoyo que la ciudadanía tiene de sus instituciones.

Pese a que en El Salvador se cuenta con una Ley de Servicio Civil, que data de 1961 y que surge para desarrollar el artículo 109 de la Constitución de 1950, desde entonces no ha sido objeto de reformas sustanciales que permitan mejorar la profesionalización del servicio civil en el país. De los catorce reformas a la ley, nueve se hicieron entre 1961 y 1973 y las demás veintiocho años después, a partir del 2001. Es importante destacar que la actual legislación no posee un reglamento que desarrolle la ley, ni mucho menos es aplicable a todos los servidores públicos porque excluye a un importante número de organismos y de puestos.

Es inevitable la modernización del Estado con base a un nuevo marco jurídico que regule la función pública que redundará en el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Esta regulación tiene como base la normativa constitucional en el Art. 219, en donde instaura la carrera administrativa y manda a regular el servicio civil, en especial el ingreso a la administración; supervisar su promoción y ascenso con base al mérito, y aptitud.

Por ello, cuando se establece la carrera administrativa, manda a que el servicio del denominado funcionario público se encuentre bajo la jurisdicción de un régimen de carrera, que redundará en la eficiente realización de las funciones estatales de este.

En el pleno legislativo se encuentran dos anteproyectos de ley, que tienen como fin regular la función pública e instaurar la carrera administrativa. La próxima ley que deba discutirse y posteriormente aprobarse en el seno legislativo debe estar enfocada en promover y fortalecer la trasparencia, el profesionalismo y actualización estatal, la rendición de cuentas con el debido acceso a la información, el uso efectivo de la asignación presupuestaria y la reducción de costos en la administración pública.

Una política de construcción de una adecuada Administración Pública que coexista junto a la carrera administrativa se convierte en pilar de una lucha frontal contra la corrupción. Por lo que el funcionario público bajará su tendencia a cometer e inclusive a tolerar actos de corrupción. Lo que conllevará a que el funcionario, al sentirse premiado por sus méritos y su capacidad, generará cierta motivación para desempeñar sus funciones de la manera más ética, capaz y efectiva posible; logrando que este pueda aplicar a otra posición de mayor rango en la jerarquía en la que se desempeñe.

 

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