Opinión

25 May 2018
Opinión | Por: Juan Carlos Menjívar

Los nuevos derechos y deberes del administrado

Históricamente, El Salvador no ha contado con normas claras y uniformes que regulen el desarrollo de la actividad de la administración, sin perjuicio de la especialidad propia de algunas materias. Esta ausencia ha generado una diversidad de normativas que, sin la mano amiga de la Administración Pública, puede llegar a producir confusión a un administrado rodeado de plazos, términos, recursos y requisitos.

Siguiendo el pensamiento de que un ordenamiento jurídico general, que incorpore normativamente, a la actividad administrativa, los principios constitucionales, permitiría a la Administración Pública asegurar el respeto a los derechos fundamentales y, a la vez debido a la presión internacional que estaba sufriendo El Salvador, que el 13 de febrero de este año fue publicado en el Diario Oficial el decreto Nº 856 denominado Ley de Procedimientos Administrativos.

Dicha ley nace con el objetivo de ser la que regule con carácter general y uniforme los procedimientos que corresponde seguir a la Administración Pública, y el desarrollar los principios que regirán su actividad. Esto buscando la simplificación de actuaciones, tanto para la Administración Pública como para el administrado, para lograr una modernización profunda en todo el aparato estatal.

Encaminado a la protección abstracta de la relación entre la administración pública y el administrado, la ley establece dos innovaciones inéditas para la propia normativa jurídica y es que la regulación de los derechos, y deberes del administrado no había pasado de la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de turno. Propiciando esto una volatilidad y una falta de seguridad para la propia administración pública.

En un primer momento, se puede llegar a pensar que el establecimiento de derechos para el administrativo sería una carga para el desarrollo de las actuaciones administrativas; pero, alejado de esto se establece un estandarte de calidad para las mismas. Dado que, la administración pública podrá verificar de manera oficiosa y con mayor seguridad que sus actuaciones se apegan al concepto de “buena administración”, que a la vez es el primer derecho que regula la normativa.

 “…consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad y que sean resueltos en un plazo razonable, y al servicio de la dignidad humana” es de esta forma que, más allá de los otros seis derechos regulados por la ley, deberá resguardarse la relación para con los administrados. Relacionado con este punto es que los demás derechos son tratados en la ley; la utilización de medios tecnológicos, los estándares concretos de calidad y el acceso a la información pública, siguen el camino de lograr una “buena administración”

Por otra parte, la ley no únicamente estima necesario el establecer derechos para el administrado; sino que, cumpliendo con el refrán “una de cal y una de arena”, también regula una serie de deberes u obligaciones que tendrá que cumplir cualquier interesado en relacionarse con la administración pública.

En primer momento y como eje de los demás deberes, la ley de procedimientos administrativos considera que no solo la administración debe cumplir con el principio de legalidad; sino que, a la vez es una obligación para el administrado tener que respetar las diferentes normativas que regula a la administración pública y es que, debido a la principio de legalidad en sentido positivo la administración pública, se encuentra ceñida a los que sus potestades ya han sido establecidas; por lo mismo, el administrado no puede solicitar actuaciones que violenten tal principio.

Un segundo deber, que más podría considerarse un deseo, es el actuar de buena fe por parte del administrado y es que no es extraño que sea este mismo quien pretenda realizar prácticas dilatorias dentro de los diferentes procedimientos, dentro de estas podemos considerar el aportar declaraciones o documentos falsos con la única finalidad que la administración tenga que realizar un análisis, o revisión de los mismos. Así también, no es extraño el comentar la práctica de intentar llevar a la administración pública al error, por medio de peticiones al filo de la legalidad o intentando aprovechar un vacío de ley.

Es de esta forma que la ley espera que los objetivos de la misma sean cumplidos y la administración pública pueda ejercer sus actuaciones con la debida celeridad, y economía procesal.

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