Opinión

11 Ago 2016
Opinión | Por: Óscar Melgar

La pobreza no es sinónimo de violencia

@oscarmelgar8823

 

Poco se ha investigado desde lo nacional sobre la relación que puede existir entre pobreza y violencia. No obstante, la condición de pobreza suele asimilarse automáticamente con condiciones de inseguridad y violencia, por lo tanto, la pobreza puede ser vista como una amenaza a la seguridad del país.

El Salvador, según datos de la CEPAL (2014) posee el 51% de su población viviendo en condiciones de pobreza, Guatemala posee un 58%, Honduras y Nicaragua se sitúan en 78% y 70% respectivamente, mientras que Costa Rica y Panamá, se ubican con las menores y mejores cifras llegando a 20% y 33 por ciento%.

Los tres países del triángulo norte, Guatemala, Honduras y El Salvador también poseen altos índices de violencia, problema que actualmente genera otras circunstancias adversas a nivel social y económico. Los tres países mencionados, según el índice de Seguridad Pública de Centroamérica llevado a cabo por la Red de Seguridad y Defensa en América Latina 2013, sitúa a El Salvador con la cifra de 41,5 homicidios, a Guatemala con 34,3 y finalmente a Honduras con 85, 5 homicidios por cada cien mil habitantes. En el caso de Nicaragua el Índice lo sitúa en una tasa de 11 homicidios por cada cien mil habitantes, esto a pesar de que a Nicaragua diversas estadísticas lo sitúan como uno de los países con mayores niveles de pobreza no sólo a nivel centroamericano sino latinoamericano. Pero ¿qué sucede entonces con dicho país, que a pesar de tener niveles altos de pobreza, no ha caído en una ola de violencia?

La pregunta y su respuesta son complejas y sería impertinente afirmar solamente con este dato, de la inexistencia de una relación directa entre pobreza y violencia. Sin embargo, el dato es a la vez una muestra clara de que la pobreza no es sinónimo de violencia.

¿Cuáles deberían ser las estrategias claves que los gobiernos centroamericanos, en especial los del triángulo norte, deberían implementar en favor de disminuir los niveles de violencia? Raúl Benítez (2015) sostiene que en países como Nicaragua sus poblaciones disfrutan de bienes socioculturales como la educación, la salud y la seguridad pública, además, de importantes vínculos en sus estructuras sociales y estatales que pueden hacer a las sociedades más inclusivas. Por ende, la cohesión y organización social podrían ser las causas para construir sociedades menos violentas y más participativas.

En el caso particular de El Salvador, según un estudio de OXFAM al año 2014, en el país existen 160 millonarios que concentran el 87% de la producción nacional. Asimismo, el reporte retoma datos de la revista FORBES que indican que, entre los 12 hombres más ricos de Centroamérica, dos son salvadoreños, acumulando una fortuna de 7, 485 millones de dólares; lo que equivale a un tercio del Producto Interno Bruto del país año 2015. ¿Dónde queda entonces el rol y el discurso de aquellos empresarios que dicen que El Salvador se encuentra en una situación deplorable económicamente? ¿Deplorable para quién? Haga usted sus propias conclusiones.

Tampoco podemos afirmar que la situación social que se vive en El Salvador es de lo mejor y la más conveniente, pero sin duda alguna los datos reflejan que la desigualdad en el país es uno de los mayores problemas que el Gobierno tiene que resolver.

La pobreza es una condición social presente en muchas sociedades y además de un problema histórico, es un problema estructural dentro de cada sociedad que impide el desarrollo de muchas oportunidades a nivel social, económico, político, cultural e institucional. Sin embargo, la pobreza no debe tomarse como sinónimo de violencia; la misma debe ser resuelta a través de un trabajo en conjunto entre diversos actores, entre públicos y privados, que brinden a las personas vulnerables socialmente las condiciones necesarias para el desarrollo de sus facultades que les permitan optar a diversas oportunidades en la consolidación de un mejor país.

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