Opinión

29 Abr 2016
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

La moda y su fabricación penal

Se volvió común en nuestro entorno la proliferación de ataques masivos. Surgieron más asociaciones de crimen organizado, los delitos cometidos eran de carácter complejo y se volvió latente el peligro de doblegar a la institucionalidad del Estado; tornando insuficiente la tipificación contenida en el artículo 343 del Código Penal.

Por ello, la Asamblea Legislativa (AL) derogó dicha disposición y dio paso a la creación de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo bajo el Decreto Legislativo 108/2006 de fecha 21-IX-2006, para supuestamente tener mayores herramientas legales en el combate al terrorismo. Posteriormente, la Sala de lo Constitucional abonó al embate contra las pandillas al declararlas como organizaciones terroristas, y recientemente la AL insertó textualmente dicha declaración a través de una reforma a esta ley.

Se dejó a un lado la acción delictiva del secuestro y se impuso la moda que los grupos criminales, para financiar sus actividades ilícitas obligaban a las personas naturales, empresas, distribuidores de productos comerciales y otros, a entregar periódicamente una cierta cantidad de dinero u otro beneficio patrimonial a cambio de salvaguardar su vida, integridad física o sus negocios, con el miedo que los renteros materializaran sus amenazas. Ante el auge de esta conducta criminal, se llegó a la conclusión que el artículo 214 del Código Penal no era suficiente para abarcar las formas de operar de los extorsionistas y necesitaban crear una ley especial para regular esas conductas y tener sustentos legales para procesar a los responsables y así reducir los índices de impunidad patrimonial. Ante esa justificación, la AL derogó el citado precepto y mediante el Decreto Legislativo 953/2015 de fecha 18-III-2015, se creó la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión.

Después de tanto tratar de combatir la criminalidad, a alguien se le ocurrió la “brillante” idea de fingir que estaremos en paz al negociar beneficios carcelarios, económicos y de otra índole con las principales estructuras de pandillas. Esos beneficios se disfrazaron en reducción temporal de homicidios, y en su momento apeteció tanto, que varias personas de indistinta bandera partidaria se interesaron en el negocio. En esa casuística como escenario, la AL recién aprobó insertar un inciso al artículo 345 del Código Penal con el fin de castigar a los negociadores criminales, donde se sanciona al que ofrezca, promueva, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de prerrogativas ilegales.

¿Qué tiene en común esta producción de leyes y reformas? Nacieron a partir del problema en el que como nación estamos inmersos, y pretendieron disminuirlo con un alcance legal. Y no quiero significar que sean acéfalos, absurdos o innecesarios estos decretos legislativos, sino que tales cambios legales no han tenido mayor efecto en la sociedad, pues la línea estadística de estos delitos sigue en alza.

Entonces, estamos fallando en la persecución. Hay muchos delitos que solo están de adorno y bien dibujaditos en las leyes penales sin tener mayor efectividad. Las instituciones (Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil) no están ofreciendo resultados alentadores respecto de la comparación entre persecución y condena penal con la impunidad. Este último lo supera con creces. Se torna imperativo aumentar la capacidad humana, pulir la capacitación en criminalidad e investigación científica del delito, dotar de mayores y mejores recursos a las instituciones, en el área de transporte, capacidad de reacción, investigación y sobre todo, tecnología para robustecer y emplear nuevos métodos científicos de obtención de pruebas. Esto, a efectos de individualizar a los responsables de los crímenes, capturarlos y asegurar condenas. De lo contrario, podemos seguir aprobando la “Ley Contra el Delito de la Tregua”, la “Ley Contra el Delito de Homicidio”, la “Ley Contra el Delito de Violación”, y todas las leyes que se nos ocurran para regular todas las conductas que el ser humano se pueda imaginar, pero si no se fortalece la capacidad de investigación, seguiremos creando y manteniendo esas disposiciones legales solamente como declaración de buenas intenciones.

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