Opinión

27 Nov 2015
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

La cenicienta del proceso penal

El deficiente estudio científico de las víctimas ha abierto la brecha a la notable carencia de información, descripción de consecuencias, perjuicios y tratamientos hacia las víctimas que sufren por un delito. No es un secreto que la mayoría de víctimas tienen que soportar malos tratos, repugnancia, negligencia y mofas de los entes que actúan en un proceso penal

El deficiente estudio científico de las víctimas ha abierto la brecha a la notable carencia de información, descripción de consecuencias, perjuicios y tratamientos hacia las víctimas que sufren por un delito. No es un secreto que la mayoría de víctimas tienen que soportar malos tratos, repugnancia, negligencia y mofas de los entes que actúan en un proceso penal; piénsese en el Órgano Judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Medicina Legal, Policía Nacional Civil, entre otros, así como la sociedad que estigmatiza. Además de seguir esperando respuesta favorable de parte del Estado para compensar o reparar los daños sufridos.

El común denominador es que la víctima espera que se haga “justicia”. Condenan y encarcelan al imputado. ¿Y ahora qué?, ¿qué ha ganado la víctima? Condenan al imputado por responsabilidad civil, pero este no paga. ¿Y ahora qué? ¿Cómo obligarlo a que pague? ¿Y si se cometió el delito pero nunca se logró la captura del imputado o ni siquiera se supo quién fue el autor del ilícito? No hay respuesta. La víctima quedará en la zozobra, con los daños marcados para toda su vida.

Por estos y otros lamentos, la víctima sigue siendo la cenicienta del proceso penal. La que no tiene importancia, la desconocida, la que es objeto de mofas en los tribunales y en la sociedad, aunado a que los gajes del oficio provocan mecanización en el tratamiento a todas las personas que piden “justicia” a causa de resultar perjudicadas por un hecho delictivo o de otra índole. Se trata a las víctimas como a una persona cualquiera, no se les atiende los requerimientos, no se les explica sus derechos, no se les toma importancia.

El derecho penal se ha encargado de perseguir a los autores de los delitos y castigar a los responsables, sin que la víctima reciba las consideraciones adecuadas para evitar la re victimización. La reducida doctrina define los tipos de victimización a partir de la experiencia, la costumbre y de diversos estudios especiales, dando paso a la creación del derecho victimal.

Entonces, los tipos de victimización se dividen en: victimización primaria, consistente en el daño ocasionado a la víctima directamente por el delito, y para evitar esta victimización, el Estado debe adoptar medidas para prevenir el delito. La victimización secundaria, que supone el perjuicio provocado por los administradores de justicia, entes e institutos participantes en un proceso penal. Aquí, el Estado a través de las instituciones mencionadas juega un papel importante a fin de apaliar los estragos de las damnificadas víctimas. La victimización terciaria la ocasionas tú, la causamos todos, al comentar sobre lo ocurrido a la víctima, al buscar excusas sobre el porqué le sucedió, al mantenerla en el centro de la conversación, al estigmatizarla, marginarla y señalarla.

El Estado no ha sido capaz de proteger y garantizar los derechos de las víctimas. Bueno, ni lo ha intentado y no puede continuar con esta desprotección. Es necesario y urgente que se cree una política de atención, reparación y compensación de los daños causados a las víctimas. Que sea el Estado quien directamente indemnice a la víctima y posteriormente exigirle al imputado el pago equivalente a la cantidad gastada. Que tenga un fondo especial destinado a compensar a las víctimas, una institución parecida a la oficina del Fondo de Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT), pero que la recaudación, en esta ocasión, sea constitucional. ¿Una idea de cómo se va a financiar este proyecto? Con los millones de dólares que se recaudará de impuestos por la famosa denominada “contribución especial” que robarán por el uso de las telecomunicaciones.

El artículo 181 numeral 5 de la Constitución obliga a la Corte Suprema de Justicia a que se administre pronta y cumplida justicia, y esta justicia abarca también a las víctimas, pues es obvio que no volverán al estado en que se encontraban, pero gozarán de una compensación o indemnización por el daño causado. ¡Hay que prestarles mayor atención!

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