Opinión

20 Oct 2013
Opinión | Por: Carlos Segura

Kenia y la Corte Penal Internacional

El Presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, quien acaba de asumir las riendas de dicho país, se encuentra en una situación legal y política muy delicada. Es acusado por la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, de haber cometido crímenes contra la Humanidad en el año 2007, al provocar actos de violencia después de las elecciones de ese año, que resultaron en más de 1,500 muertos y más de 300,00 personas que tuvieron que desplazarse para poder sobrevivir. Su Vicepresidente, William Ruto, también es acusado por la CPI. Cabe destacar que Uhuru Kenyatta  es hijo de Jomo Kenyatta, considerado uno de los héroes de la independencia de Kenia, elegido primer Presidente de ese país  después de la independencia, obtenida en 1963.

La CPI acusa a Kenyatta de haber ordenado a milicias armadas de atacar a la tribu opuesta a la suya y de haber provocado la muerte de tantas personas. Las acusaciones se esclarecen después de más de tres años de investigaciones por parte de la CPI, comenzadas en el año 2010. No es la primera vez que un líder político africano es acusado por la CPI de haber cometido crímenes contra la Humanidad. Kenyatta se desliga terminantemente de dichas acusaciones y dice que el Primer Ministro de la época, Raila Odinga, debería ser el acusado de haber cometido esos crímenes.

La situación político-legal es aun más delicada ya que Kenyatta está siendo acusado durante su mandato presidencial, lo que ha creado complicaciones y diferencias al más alto nivel diplomático. En efecto, se rumoraba que los presidentes de los estados miembros de la Unión Africana tomarían la decisión de retirar a sus países de la CPI, en protesta por las acusaciones en contra de Kenyatta. Reunidos en una cumbre extraordinaria, tomaron la decisión de no proceder, pero dejaron clara su oposición a la CPI, a quien calificaron de racista e imperialista. Los líderes africanos solicitaron a la CPI detener el proceso judicial mientras Kenyatta sea presidente de Kenia, en virtud del artículo 16 del Estatuto de Roma, texto fundador de la CPI, que establece: “En caso de que el Consejo de Seguridad, de conformidad con una resolución aprobada con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, pida a la Corte que no inicie o que suspenda por un plazo de doce meses la investigación o el enjuiciamiento que haya iniciado, la Corte procederá a esa suspensión; la petición podrá ser renovada por el Consejo de Seguridad en las mismas condiciones”.

Estamos entonces en una situación en que un acusado por la CPI tiene el apoyo total de sus colegas del mismo continente, quienes rechazan completamente que el proceso judicial siga. Pero el problema diplomático no cesa ahí. No solo la CPI acusa a Kenyatta, sino que también la mayoría de países occidentales se encuentran en una situación incierta y no desean apoyar abiertamente al nuevo presidente keniano. La mayoría de esos países no enviaron misiones presidenciales o ministeriales a la toma de posesión de Kenyatta, sino que solamente fueron representados por Embajadores y otro personal diplomático. Una forma de decir “respetamos al nuevo presidente, pero también tomamos en consideración las acusaciones de la CPI”.

Solo el futuro dirá que va a pasar en Kenia, pero si bien es cierto que si Kenyatta es culpable, tiene que ser condenado y pagar una pena, los líderes africanos tienen razón en un punto: en los últimos diez años, todos los procesos de la CPI han sido en contra de personajes africanos. Tiranos en otros países en los cuales se han cometido crímenes contra la Humanidad no han sido acusados por la Corte. Hablo de países como Siria, Birmania e Irak. Quizás para dejar de ser calificada de “racista”, la CPI debería extender su campo de acción y dejar de lado el “afro centrismo”. 

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