Opinión

23 Feb 2017
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Juzgados especializados: K.O.

Supongamos que respiramos paz después de aquel 16 de enero de 1992, pero supongamos porque realmente solo se escondió la basura debajo de la alfombra. Fue una temporada del programa: “delincuencia organizada en el país”, donde en sus primeros episodios se enfrentaron los miembros del ejército contra la guerrilla. Esos enfrentamientos dejaron, además de 75,000 fallecidos y miles que no aparecen en las estadísticas, un ilimitado abismo de desigualdad económica y carencia de oportunidades en igual proporción.

En la segunda temporada, surgieron grupos de pandilleritos que no soportaron lidiar con el tsunami de la desigualdad y marginación, y algo tuvieron que hacer para llamar la atención: derramar sangre y provocar sufrimiento e inseguridad en la población.

Surgieron propuestas del Gobierno para solucionar este auge delincuencial, pensaron que podían controlarlos con mano dura, mano súper dura, mano blandita, mano amiga; aunque solo lograron que el fenómeno se viralice y seamos noticia a nivel mundial, para que al fin nos encontremos en algún top: el país más violento del mundo.

¡El Órgano Judicial y la Asamblea Legislativa algo tienen que hacer! Están los inocentes que cometen pequeños o aislados delitos, esos dejémoslo para la jurisdicción ordinaria. Pero también se encuentran los delincuentes más peligrosos, esos que no se tocan el alma, ni les funciona el raciocinio para acabar con muchas vidas. Para los últimos creemos una jurisdicción especializada, para que les dé miedo ser procesados allí y mejor eviten cometer delitos.

Es así, como mediante el Decreto Legislativo Nº 190 del 20 de diciembre de 2006, publicado en el Diario Oficial el cinco de marzo de 2007, se creó la Cámara Especializada de lo Penal y los Juzgados Especializados de Instrucción y de Sentencia. En el artículo uno de la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja se expresa el objeto del texto normativo, el cual persigue la delincuencia proveniente de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos; además, los delitos a conocer por las sedes judiciales especiales son homicidio simple o agravado, secuestro y extorsión.

A medida fueron funcionando los Juzgados especializados, incluyeron otros delitos cometidos bajo la modalidad de crimen organizado y en conexión con aquellos, siempre que se cumpla con los parámetros de realización compleja: que haya sido cometido por dos o más personas y que la acción recaiga sobre dos, o más, víctimas. Y hay una tercera: que su perpetración cause alarma o conmoción social; requisito que fue descartado por la Sala de lo Constitucional en su sentencia Inc. 6-2009, argumentando que es un concepto que se relaciona ex post a la realización delictiva y el cual se hace depender de la mayor o menor difusión que la noticia criminal tenga a efectos mediáticos.

¿Se ha logrado reducir los índices de delincuencia organizada con el funcionamiento de los Juzgados especializados? No. Lo único que ha logrado es que la Fiscalía General de la República (FGR) decida introducir todas las acciones mínimamente complejas a la jurisdicción especializada porque allí los imputados reciben un tratamiento hostil y supone una condena anticipada, aunado a que –por su misma complejidad-, los expedientes sean voluminosos y las sedes judiciales se sobresaturen de labores, teniendo que extenderse las audiencias hasta altas horas de la noche y con sobrecarga laboral los fines de semana, sin remuneración extra.

Dicha ley fue sometida a un examen constitucional en la sentencia ya mencionada, valorando criterios formales, como los delitos de realización compleja, el concepto de crimen organizado, alarma o conmoción social y la prueba testimonial de referencia, sin hacer valoraciones subjetivas respecto de la problemática que sufren sus funcionarios y empleados, pues escapa de su competencia constitucional.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) comprendió el caos que impera en los juzgados especializados e inició la carrera para retornar los casos de crimen organizado a la jurisdicción ordinaria. Con ello, se pretende garantizar una equitativa carga laboral, sin desmedro de la calidad de justicia que necesita el país.

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