Opinión

29 May 2014
Opinión | Por: Herbert Escoto

Instituciones Oficiales Autónomas: independencia aparente

El poder debe distribuirse evitando que órganos se impongan sobre otros debido al rebalse de facultades que se les otorga e impida un buen servicio público.

Aquellas leyes que tienen como finalidad controlar la actuación de la administración pública muchas veces son creadas con apariencia de ser eficientes, pero realmente son mancas, tuertas o patojas. Un claro ejemplo de lo anterior es la regulación de las instituciones oficiales autónomas como la SIGET, CEL, CEPA, entre otras, que en teoría su naturaleza las caracteriza por ser independientes y descentralizadas, pero que en la práctica no se logran advertir de forma real estos objetivos.

Precisamente una de las finalidades que se persiguen al dejar la supervisión y regulación de algunos servicios públicos en manos de las Instituciones Oficiales Autónomas es lograr que el gobierno central tenga menos carga administrativa, y desde luego, una reducción de poder sobre servicios públicos indispensables para los ciudadanos. En vista de que estas entidades descentralizadas realizan una actividad administrativa importante, su independencia se torna en un elemento que debe promoverse y protegerse desde las leyes y la opinión pública.

La autonomía de estas entidades está regulada. Sin embargo, la realización efectiva de esta característica en la práctica no se advierte. ¿Por qué? La respuesta y análisis pueden obtenerse del estudio de las leyes que crean a esas instituciones. La ley de creación de la SIGET establece que el superintendente es nombrado por el presidente de la República, de igual forma sucede con el nombramiento de los directores o titulares de las demás superintendencias e instituciones autónomas.

Lo anterior provoca que todas las entidades descentralizadas que pretenden ser independientes sean empapadas de la política que se establece desde el Ejecutivo, sin lograr una real autonomía. Así sucede cuando los directores de estas entidades descentralizadas son removidos de sus cargos cuando no cumplen con las directrices del presidente de la República. Desde luego que este fenómeno no es una novedad, pero la interrogante que surge es ¿cuándo va a cambiar?

Para evitar que el Ejecutivo interfiera con la regulación y supervisión de servicios públicos que no están en manos del gobierno central es necesario cambiar la modalidad de nombramiento de los directores. Una de las posibilidades es la democratización de esta elección, factor que obligaría a determinar quiénes serán los legitimados a elegir a estos titulares. Otra alternativa es utilizar el método de listas de candidatos presentadas por otros órganos de modo que las opciones se limiten a las de la voluntad del que las propone. La forma de cambiar el nombramiento puede ser variada y susceptible de someterse a los principios de checks & balances, división de órganos, independencia de los órganos, etcétera.  

El fenómeno de la independencia no se ha logrado y se debe promover de forma vigorosa. No hay mayor seguridad para los ciudadanos que tener una administración pública controlada, sin que sus manos lleguen a estar tan atadas que resulte una actividad administrativa inoperante. Pero debe estar lo suficientemente sometida a la ley como para evitar abusos sobre los administrados. El poder debe distribuirse evitando que órganos se impongan sobre otros debido al rebalse de facultades que se les otorga e impida un buen servicio público. 

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