Opinión

10 Jun 2016
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Hacinamiento en bartolinas policiales 

 

“Las cárceles se convirtieron en escuelas para la deformación de una subcultura que obliga a los reclusos a aprender técnicas avanzadas para delinquir y a profesionalizar su ocupación”.

Es evidente la cruenta guerra social que sufrimos diariamente. Es un mal que afecta todos los órdenes de la vida normal de este país. Y la extrema delincuencia nos ha llevado también al extremo de pensar que la resocialización que pretende garantizar la Constitución, el Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es una teoría acéfala y aplicable solo en países con distinta cultura. Pero no se van a resocializar personas que asesinan a sus prójimos por un simple ritual de iniciación, por no pagar la renta, por eliminar testigos, por crear terror en la población, cuyos hechos son cometidos de la forma más cruel que algún autor de derecho penal se pudo imaginar.

Pero la Constitución, leyes y tratados internacionales deben cumplirse y ellos garantizan los derechos fundamentales a la vida e integridad corporal, psíquica y moral de los privados de libertad; además de ser resguardados en establecimientos penitenciarios divididos entre  procesados y condenados, teniendo como fin la readaptación del interino en la sociedad. Nada de eso se está cumpliendo, al contrario, la notoria realidad es que las bartolinas policiales están saturadas de reclusos procesados e incluso condenados, bajo condiciones de hacinamiento e insalubres.

Este caos ha provocado la reacción de la Sala de lo Constitucional a través de la sentencia de hábeas corpus correctivo de forma generalizada, y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos respecto a las condiciones de las bartolinas policiales de La Unión. Quiero acotar una breve historia acerca del estallido de esta problemática.

Hasta el año 2014, después de las audiencias iniciales y si los imputados se mantenían en detención provisional, en ese momento se ordenaba el traslado hacia un centro preventivo, dependiendo de la estructura delincuencial a la que pertenecía el acusado o a los centros penales donde se encuentran los llamados reos comunes. A mediados de ese año, me encontré con la sorpresa que no aceptaron el ingreso a un penal de unas personas detenidas provisionalmente, así que inicié las consultas correspondientes, obteniendo respuesta de parte de la Inspectoría General de Centros Penales que ya no se enviarán directamente a los centros preventivos hasta que ellos les asignen un cupo y decidan el centro de detención donde permanecerá interno el privado de libertad. ¿Y mientras tanto? Quedarán recluidos en las bartolinas policiales. Bien.

Se aceptó el cambio de dinámica, pero sufrimos el problema que la Inspectoría no respondía oportunamente las solicitudes de asignación de cupo en un centro penal aduciendo que les daban prioridad a los condenados, teniendo los procesados que permanecer varios meses y hasta años en las bartolinas. Con ello aumentó considerablemente la demanda de espacios en las celdas de las delegaciones policiales, hasta llegar al punto en que nos encontramos ahora; mientras que la Inspectoría continúa retrasada y sin responder eficazmente las solicitudes.

Ahora, la solución a corto plazo es simple: regresar al antiguo sistema donde los Juzgados en la fase inicial ordenaban el traslado a los centros penales atendiendo a la calidad del sujeto a fin de cumplir con la medida cautelar dictada en su contra. Luego la Inspectoría puede realizar las gestiones pertinentes y ratificar su reclusión u ordenar el traslado a otro recinto; independientemente del trabajo posterior, ya se irán descongestionando las bartolinas policiales.

La solución integral y a largo plazo proviene de la sentencia que la Sala de lo Constitucional ha establecido como estado de cosas inconstitucional y ha ordenado a las autoridades de Justicia y Seguridad Pública, Dirección General de Centros Penales, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, Jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena, Asamblea Legislativa, Ministerio de Salud y Asistencia Social y otras autoridades vinculadas, para que desde sus atribuciones legales realicen las gestiones que contribuyan a sanear el defecto de hacinamiento e insalubridad en los centros de detención.

Es cierto que estamos indignados con las actuaciones de los criminales, pero al mantenerlos en condiciones infrahumanas no se abona en solucionar el caos que se ha desatado. Al contrario, las cárceles se convirtieron en escuelas para la deformación de una subcultura que obliga a los reclusos a aprender técnicas avanzadas para delinquir y a profesionalizar su ocupación.

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