Opinión

21 Jul 2016
Opinión | Por: Kevin Sánchez

El verdadero camino hacia la reconciliación

Todas las guerras son devastadoras y crueles, ninguna es más mortal que otra y siempre los que más sufren las consecuencias son las personas civiles comunes y corrientes que nada tienen que ver en el conflicto. A ese tipo de victimas que fueron brutalmente asesinadas, torturas, violadas o lisiadas por algún elemento de ambos bandos durante el conflicto armado salvadoreño es a quienes en primer lugar acoge como principales benefactores y reclamadores de justicia la reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1992.

Mucho se habla con tinte político sobre el tema y poco jurídica e imparcialmente. Por esa razón quisiera abordar desde un punto de vista totalmente jurídico, racional e imparcial los efectos que esta sentencia tiene sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.

En primer lugar es necesario aclarar que la resolución que dieron los magistrados de la Sala de lo Constitucional no está imponiendo delitos o empezando una “cacería de brujas” contra los posibles autores de crímenes de lesa humanidad o graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario durante el conflicto, esto es solo una puerta para que todos estos crímenes puedan ser investigados, juzgados y sancionados.

¿Por qué esta resolución permite solo investigar 32 crímenes si durante la guerra ocurrieron miles? Porque solo se  podrán investigar los crímenes que según el informe de la Comisión de la Verdad significan violaciones al Derecho Internacional Humanitario, el cual su principal obra de jurisprudencia son los Convenios de Ginebra de 1949 los cuales tratan de regular el comportamiento de las partes en un conflicto y limitar el número de víctimas que no participan en él. Cabe mencionar que El Salvador, antes de 1980, había firmado y ratificado importantes convenios y tratados de esta rama como lo fueron la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la Protección de víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional.

¿Qué quiere decir lo anterior? Que solamente los delitos que signifiquen violaciones a las obligaciones que El Salvador adquirió con la ratificación de los anteriores instrumentos no serán  objeto de amnistía alguna. ¿Eso quiere decir que los demás crímenes ocurridos durante la guerra no fueron delitos? Todo crimen es indeseable y abominable desde cualquier punto de vista, pero las guerras son inevitables y lo único que legisla y puede prevenir el Derecho Internacional Humanitario son ciertos métodos de guerra usados durante los conflictos, más no el derecho al uso de la fuerza por cualquiera de los bandos.

En una sociedad tan dividida y polarizada, en parte por estos hechos que configuraron el  actual escenario político y social de nuestro país, es necesario esclarecer los hechos, autores y objetivos de los crímenes que ocurrieron en el conflicto y darle la oportunidad a las victimas y/o sus familiares de superar y olvidar este amargo episodio de nuestra historia. También debe servir para dejar en claro que nada ni nadie está por encima de la ley y aprender los errores del pasado, la violencia y la represión no resuelven nuestras diferencias.

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