Opinión

8 Jul 2016
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

El tributo disfrazado de: ¿qué?

Decreto Ejecutivo Nº 39, de fecha 16 de junio de 2016: Art. 67-I del Reglamento de la Ley General de Electricidad: “El precio de la energía en el mercado regulador del sistema se establecerá igual al costo marginal de operación del sistema en el intervalo del mercado respectivo, más los cargos de transmisión, operación del sistema, servicios auxiliares, cargo para inversión social y todo cargo establecido por la Ley General de Electricidad […] El cargo para inversión social formará parte de los cargos del sistema, los cuales son trasladados a toda la demanda de energía eléctrica de los diferentes mercados administrados por la Unidad de Transacciones y será calculado trimestralmente como un valor en dólares por megavatio hora, igual al 13 % del valor promedio de la energía trasladable a tarifas correspondiente al trimestre inmediato anterior”.

Qué creatividad para crear sus artilugios legales e imponer supuestos cargos para inversión social que ingresan directamente a las arcas de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), a pesar que esta autónoma no contempla cargos de inversión social, ni explica su consistencia. Es un término ambiguo que debería aclararse, porque el único fin es usar ese ingreso extra para lo que el Gobierno se le antoje, aduciendo que ese gasto es inversión social.

Los tributos están divididos en impuestos, tasas y contribuciones especiales (art. 12 Código Tributario), y cada cobro extra tiene que encuadrarse en uno de esos tributos. El impuesto es el tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho generador lo constituyen los negocios que manifiestan la capacidad contributiva del sujeto pasivo. La tasa acarrea la prestación efectiva de un servicio público individualizado al contribuyente. La contribución especial genera beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales y no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras.

¿En qué tipo de tributo se encuadra el hecho de regalarle dinero a la CEL, cuyos ingresos son suficientes para auto sostenerse? ¿Y más para el fin indeterminado de “inversión social”? El Gobierno no encuentra explicación acerca del tipo de tributo que prefieren llamarle, todavía están armando el rompecabezas para concluir en la forma que desean disfrazarlo.

Aunado a ello, la Constitución de la República ya establece el órgano encargado para aprobar impuestos, tasas y contribuciones especiales. Según el art. 131 ord. 6º, es la Asamblea Legislativa (AL) la facultada para tal fin; lo ratifica el art. 231 Cn., plasmando que no pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público. El art. 204 ord. 1º Cn., le da la potestad para que los Gobiernos Municipales creen, modifiquen o supriman tasas y contribuciones públicas para la realización de determinadas obras, pero sí y solo sí, dentro los límites que la ley establezca.

El art. 167 ni el 168 Cn. autorizan al Ejecutivo para crear tributos, y es dable recordar el 186 inc. último, estableciendo que los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.

El principio de reserva de ley autoriza a la AL a crear la legislación que imponga un tributo, y obliga a otros funcionarios a abstenerse de usurpar funciones, máxime a no intentar artimañas legalistas para mantener a una institución autónoma que per se tiene sus propios ingresos. En conclusión, el Decreto Ejecutivo tiene visos de inconstitucionalidad (ya veo al profe acusar a la Sala de golpistas y no sé qué rollos más).

Entiendo la desesperación del Gobierno en obtener ingresos para financiar sus proyectos, pero vacunar a la población con un decreto autoritario es un atentado a la economía del país que desde tiempos inmemorables se encuentra deteriorada. La población y especialmente los inversionistas son reticentes a este cambio repentino y continuo de las reglas del juego. Cambien su chip o les saldrá el tiro por la culata.

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