Opinión

11 Mar 2014
Opinión | Por: Jaime Ayala

El tabú de la IED

Mucho puede decirse del tema de inversión extranjera y sobre cómo este se relaciona al crecimiento económico y más importante aún al desarrollo humano de un país. Mientras los actuales candidatos presidenciales se escudan en la típica frase de “aumentaremos la inversión extranjera al mejorar el clima de negocios en el país”, lo cierto es que ninguno ha presentado públicamente un plan concreto y metódico sobre los proyectos y la rentabilidad que podrían generarle a la nación.

Otro punto muy tangible es que los flujos de inversión extranjera son factores muy importantes para el crecimiento económico de un país. Y lo son cuando esta inversión se realiza de forma planificada y con una vital integración social. Como más de algún candidato habrá dicho en estos meses –y para lástima de muchos-  el crecimiento no se genera a base de confianza, pero para ser justos, esta sí juega un papel en el marco jurídico para atraer inversión.

Para ponernos un poco en contexto, es necesario analizar un poco la historia más reciente de este tipo de inversión en nuestro país. Si bien es muy cierto que mil dólares en el año 2000 no son lo mismo que ese mismo monto en 2014, siempre se vuelve relevante desenmascarar ciertos dichos populares sobre el capital extranjero.

Según datos de la CEPAL y el BCR, durante el gobierno de Francisco Flores, se recaudaron  cerca de $1451.5 millones de dólares, para un promedio de $290.3 millones por año. Para el cierre de su período, El Salvador se ubicaba por arriba de Guatemala y Nicaragua como receptor de inversión extranjera en Centroamérica.

Llegó el mandato de Antonio Saca y el total que ingresó al país fue de $3310.3, claramente sostenido con la venta de bancos nacionales entre los años 2007 y 2008. Esto le da un promedio de $662.06 millones por año al Sr. Saca. Sin embargo, si retiramos la venta de los bancos de la ecuación – pues el papel presidencial en esa transacción fue casi nulo- el total apenas se acerca a los $910 millones en cinco años, lo cual representa un promedio de $182.06 millones por año. Para el cierre de aquel gobierno, El Salvador ya se encontraba como el país con menos recepción de IED en toda Centroamérica. Costa Rica recibía cuatro veces el flujo de nuestro país.

Para el gobierno de Mauricio Funes, y con los datos oficiales hasta 2012, el total de inversión asciende a $1017.9 millones, para un promedio de $339.3 millones por año. En 2012, El Salvador continuaba siendo el país que recibía menor IED en Centroamérica, tomando apenas el 9% del total. Es justo destacar que los últimos dos gobiernos se vieron fuertemente afectados por la crisis económica de Estados Unidos, y más cuando este es el principal socio comercial de El Salvador.

Últimamente se han aprobado leyes que facilitan la inversión, como la de los famosos APP, modificaciones  a la Ley de Servicios Internacionales y Ley de Zonas Francas, quedando en deuda otras muy importantes como las garantías inmobiliarias, firma electrónica y una ley para el fomento y desarrollo de las PYME.

El desarrollo económico por medio de la ayuda de IED no debe convertirse en un tema político de izquierda contra derecha, pues ningún gobierno puede darse el lujo de vanagloriarse de no establecer una política a nivel país para administrar y promocionar la inversión extranjera en nuestro país.

El tema de IED no debe limitarse a “mejoraremos la inversión con entusiasmo y confianza”. Esa receta ya demostró no funcionar y, para variar, no existe. Además, es vital comenzar a practicar la sana costumbre de cuantificar las propuestas electorales, en el sentido de exigirles proyectos que también generen rentabilidad social (más y mejores empleos, protección ambiental, etc.) responsable y que pueda ser medible y evaluada en el transcurso del tiempo.

De esta manera, el discurso de la inversión dejará de ser un tabú, pues la afamada frase de “generaremos inversión al mejorar el clima de negocios” es solo un sedante para las masas, y uno muy mal administrado.

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