Opinión

14 Feb 2013
Opinión | Por: Aída Betancourt Simán

El país de los políticos con memoria de pez

Mucho se ha escrito, afortunadamente, sobre el reciente golpe que 46 diputados del FMLN, GANA y PCN dieron el pasado jueves a las 2:30 am a la transparencia en el país: la aprobación de siete reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), a poco menos de un año desde su entrada en vigencia, dejando a la “cuarta mejor Ley de Acceso a la Información” sin utilidad.

 

Entre tanto, la sociedad civil siguió, como lo hizo para impulsar su aprobación, en esta cruzada por la transparencia, exigiendo el cumplimiento de la Ley. Así, las organizaciones involucradas demostraron, una vez más, ser agentes fiscalizadores del poder político, en medio de una coyuntura preelectoral que nos ha ido acostumbrando a abruptos “cambios de opinión” de la clase política.

 

En este sentido, el caso de las reformas a la LAIP no ha sido excepción. Un claro ejemplo de ello es el del Presidente de la Asamblea Legislativa, quien pasó de estar comprometidísimo a “impulsar medidas que incrementen la transparencia de la gestión legislativa” (enero 2011), a usar tradiciones navideñas como excusa para gastar en finos regalos en 2012. Este es el mismo diputado que prometió, en aquel entonces,

acabar con los madrugones legislativos.

 

Otra ilustración de bipolaridad legislativa es la de la diputada Lorena Peña, inicialmente una gran promotora de las reformas, luego manifestó a los cuatro vientos su apoyo al vicepresidente Sánchez Cerén, cuando este instó al presidente Funes a vetar las reformas. ¿La seria justificación del drástico cambio? “Salvador ha dado criterios serios, su opinión es fundamental. Una guía.” (Twitter, 12 febrero).

 

El candidato presidencial del FMLN manifestó los mismos síntomas, pues quien hace apenas unos días alegaba que las reformas eran para no interferir con las funciones de otros órganos, casi inmediatamente se retractó, defendiendo “el derecho del pueblo a estar informado plenamente”, y motivado por las reacciones de la sociedad civil, incluyendo grupos de jóvenes.

Enseguida, diputados de todas las fracciones que las aprobaron se sumaron a esta “rectificación”, con distintas excusas, todas igualmente ofensivas para la ciudadanía. (Nota FMLN).

 

Pero las polémicas alrededor de una Ley de acceso a la Información no son nuevas. Bajo la presidencia arenera de Tony Saca, quien apenas el miércoles se pronunció a favor de un veto de Funes a las controvertidas reformas, también hubo muchas barreras. De hecho, Saca dijo entonces: “Hay acceso a la información sin necesidad de ninguna ley… en este país se tiene acceso a la información que se requiera” (Información pública… no tan pública. El Faro, 2007).

 

El proceso de aprobación de la LAIP fue complicado, cuanto menos, y su implementación obstaculizada. Hasta ahora, el futuro de la Ley parecía estar en las manos del Presidente Funes. En su discurso de toma de posesión del 1 de junio de 2009, Mauricio Funes habló

de una “revolución ética”, prometiendo con retórica grandilocuente que: “Transparencia, combate a la corrupción y a todas las formas de despilfarro y desvío del dinero público, serán cosas sagradas en nuestro Gobierno. Pero esta lucha por el perfeccionamiento institucional no puede ser la lucha aislada de un gobierno, esta lucha debe involucrar todos los poderes y a toda la sociedad, y tengo la certeza, tengo la confianza que el órgano legislativo, el judicial y la sociedad entera nos acompañarán en esta lucha.”

 

El Presidente tuvo la certeza, la confianza, y ahora la confirmación de que la sociedad está participando. Ahora, le falta asumir su parte del reto y sumarse al “perfeccionamiento institucional” al que, por el momento, ni él ni el órgano legislativo han contribuido a fortalecer sino, más bien, a debilitar.

 

Si, como el Presidente desarrolló en el veto, el gobierno actual quiere ser recordado como “la primera administración que ha promocionado el desarrollo de los mecanismos necesarios para hacer efectivos los derechos vinculados al derecho de libertad de expresión”, no basta con vetar el decreto 303, alegando que las reformas son inconvenientes porque limitan las facultades de control del Instituto. Para ello, falta tener un Instituto, cumplir la sentencia de inconstitucionalidad 13-2012 y elegir a los comisionados del Instituto (IAIP). Otra vez, está en sus manos.

 

Nosotros ya no nos creemos estos “errores y equivocaciones”. Con las herramientas que tengamos y en efectos viagra en jovenes nombre de la transparencia, vamos a seguir presionando para explicar estos comportamientos. Es justamente por eso, por miedo, que a nadie en el poder le ha interesado una LAIP afilada y un IAIP sólido. 

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