Opinión

11 Abr 2013
Opinión | Por: Aída Betancourt Simán

Diputados, cómplices perfectos

 

 

 

En los últimos días, dos de los periódicos con mayor influencia en el país han publicado extensas notas sobre la vinculación del diputado suplente de la coalición CN-PES, Wilver Rivera Monge, a Jorge Sibrián Ulloa, “Repollo”, un reconocido narcotraficante capturado hace unas semanas en Guatemala, acusado de liderar una compleja red narcotráfico en Centroamérica. Hasta hoy, el diputado es objeto de una investigación de la Fiscalía General de la República pero aún no ha sido capturado y, como indican e ilustran ambos reportajes, hay pruebas de sobra de la relación “de negocios” entre estos personajes.

Contrariamente a lo que dicta la cultura de difamación imperante en nuestro país, donde se acusa a quien sea sin fundamentos ni pruebas otros que rumores o teorías de la conspiración, considero que lo más importante que es que cualquier investigación sea rigurosa, sobre todo en el ámbito penal. Pero también pienso que, una vez se encuentren indicios suficientes de que se ha cometido un delito, es obligatorio que se dé seguimiento al proceso, sean o no funcionarios. Sobre todo si estos tienen antecedentes penales…

La Asamblea Legislativa nos ha dado joyitas y, últimamente, ha sido el escenario de muchísima controversia. El problema de transfuguismo es una cosa, los negocios ilícitos son otra y el narcotráfico infiltrado en órganos del Estado una particularmente seria. Como bien sabemos, existe una gran cantidad de negocios que nuestros diputados quieren seguir ocultando e investigaciones que pretenden seguir bloqueando, lo que explica, por ejemplo, la pugna por el control de la Corte de Cuentas de la República. Esto se revalida al ver las posturas de muchos de ellos en contra del acceso público a información, lo que les garantiza el mantenimiento de la opacidad en el manejo de las instituciones públicas.

Hace casi un año, en la columna “Inmunidad e impunidad”, hablaba del problema de tener esta ciudadanía de dos niveles,

no solo institucionalizada por norma constitucional, sino tan arraigada en los comportamientos de nuestros representantes. En todas las Constituciones de América Latina, incluyendo la nuestra en su art. 238, se establece un mecanismo de fuero legislativo que garantiza la inmunidad personal de los diputados, en la medida en que, incluso cuando cometan delitos graves, no pueden ser juzgados durante su mandato salvo que los demás diputados decidan lo contrario.

Debemos retomar el tema de la doble moral en nuestra sociedad: ya nos hemos enfrentado a demasiados casos en los que diputados y otros funcionarios de gobierno “se salen con la suya”, ya sea porque son protegidos por su fuero o porque ni siquiera se investiga el hecho debido a sus influencias.

Mientras haya tantos diputados “con la cola pateada”, los mismos van a seguirse cubriendo las espaldas entre ellos y, a pesar de que sus delitos sean flagrantes y las pruebas sobren, no van a proceder a abrir antejuicios ni a desaforar a nadie.

Mientras haya tantos funcionarios “con la cola pateada”, los mismos van a seguir siendo titulares de privilegios y sujetos de inmunidad, a pesar de su cuestionable gestión de nuestras instituciones.

Mientras siga existiendo este blindaje parlamentario, los diputados y funcionarios privilegiados van a ser los cómplices perfectos de todo tipo de ilícitos, los autores y coautores de una variedad de delitos, desde la difamación hasta el narcotráfico.

Mientras la Fiscalía siga haciendo caso omiso de la información recabada y las pruebas recogidas, menospreciando el trabajo de policías, fiscales y periodistas que se arriesgan en la investigación de estos hechos para darlos a conocer, seguirá reinando la impunidad y se mantendrá el status quo de esta clase política intocable. 

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