Opinión

6 Sep 2018
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Día 53… y seguimos

La Constitución de la República es la ley primaria y fundamental que define el régimen de los derechos y libertades, así como establece la organización y la forma de gobierno. La Constitución adopta el sistema de división de poderes que reparte las competencias y funciones principales en tres órganos.

El artículo 86 de la Constitución establece que los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Las atribuciones de estos entes están interconectadas y controladas entre sí, en aras de evitar la arbitrariedad, ilegalidad y el exceso de poder.

El sistema constitucional de controles entre los poderes del Estado percibe una garantía sólida para preservar el orden establecido en la ley fundamental, obligando a que sus actos se realicen a través de un proceso estructurado y controlado mutuamente por distintos órganos.

Uno de esos órganos es el judicial, regulado a partir del art. 172 de la Constitución y conformado por la Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y demás tribunales que determina la Ley Orgánica Judicial.

La Constitución delega a la ley secundaria la facultad para la conformación y organización de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, excepto una: la Sala de lo Constitucional (SC). Sus competencias se determinan en los arts. 174 y 183 de la Constitución, resumidas en conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, las demandas de hábeas corpus y las controversias entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo. Es menester recordar que la SC es el único tribunal competente para conocer y declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido.

En otras palabras, la importancia práctica de la SC estriba en proteger a una persona que se le está violentando indebidamente su libertad e integridad física, la libertad de expresión, tránsito, derecho a la educación, salud, petición y muchos más derechos fundamentales establecidos directa o indirectamente en la Constitución. El trabajo de la SC también radica en controlar, examinar y detener las actuaciones inconstitucionales que se cometen en la Asamblea Legislativa, en la presidencia de la República, incluyendo sus ministerios, así como las demás instituciones estatales autónomas y semi autónomas.

La parálisis de la SC genera un gravísimo peligro para el funcionamiento normal de un estado constitucional de derecho, provoca la impunidad de los quebrantos constitucionales de las instituciones estatales y deja desprotegidos a los ciudadanos ante la vulneración de sus derechos fundamentales.

Esta elección tiene la misma importancia que la legislativa y presidencial. ¿Tolerarían que el Tribunal Supremo Electoral de manera premeditada no organice elecciones en el período establecido en la Constitución y quede acéfala la Presidencia, la Asamblea Legislativa y las alcaldías? Los partidos políticos y candidatos serían los primeros que dan el grito en el cielo, organizarían manifestaciones e interpusieran cuántas demandas se les ocurran.

El pueblo, como siempre, está pagando los platos rotos. Mientras que en la Asamblea siguen jugando partidas de ajedrez para encontrar a su rey que les proteja, ampare, tolere y esconda todos sus desmanes.

Es lamentable y reprochable la tranquilidad con la que se toman los diputados el retraso constante en la elección de magistrados. Están cometiendo un flagrante delito, están incumpliendo su mandato, están violando derechos constitucionales. Cumplan su tarea y obligación ¡Elijan bien y elijan ya!

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