Opinión

16 Ene 2013
Opinión | Por: Aída Betancourt Simán

De laudos arbitrales y cumplimientos arbitrarios

La coyuntura política en nuestro país, en general, da mucho de qué hablar. El 2013 no ha sido excepción y ha arrancado con un escenario particularmente agitado: entre los transportistas y el subsidio, el incendiario discurso del vicepresidente (más candidato presidencial) en Caracas, las permanentes dudas sobre los planes de seguridad y la conmemoración de los Acuerdos de Paz, no se ha hablado suficiente de un sildenafil 100 milligrams ligne utilisation revés a una empresa nacional que podría afectar tremendamente el -ya precario- clima de negocios en el país.

 

Se trata del fallo de la Cámara de Apelaciones de París que viene a confirmar el laudo arbitral del Internacional Chamber of Commerce (ICC), uno de los centros de arbitraje con mayor reputación a nivel mundial, dictado en septiembre de 2011 en el litigio entre ENEL Green Power, compañía energética italiana, contra INE (Inversiones Energéticas). La controversia entre las Partes surgió en el marco del contrato de creación de La Geo, joint venture para el desarrollo geotérmico de El Salvador. Este fallo, que desestima el recurso de nulidad interpuesto por INE, reafirma el derecho de ENEL de considerar sus inversiones como aportes de capital social a LaGeo, convirtiéndola en socio mayoritario.

 

El arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos fuera de los tribunales, cuyos principios son agilidad, confidencialidad e independencia. Aunque en El Salvador el arbitraje está dando sus primeros pasos (la Convención de Nueva York sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras, firmada 1958, ratificada en 1998 y la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje promulgada en 2002), es razonable afirmar que las instituciones judiciales de nuestro país no inspiran confianza ni a empresas nacionales, o solo a aquellas que pueden pagarse favores, y mucho menos a empresas extranjeras que invierten en el país. Las cláusulas arbitrales son una forma de garantizar a los inversores que las controversias eventuales serán resueltas de forma eficaz y transparente, fortaleciendo la seguridad jurídica.

 

Así, cuando las partes suscriben un contrato que prevé que cualquier controversia será resuelta mediante arbitraje, se obligan a respetar el laudo arbitral que resulte. En cualquier litigio, la parte “que pierde” no puede decidir que no va a cumplir un laudo simplemente porque no le conviene o no le parece la decisión. Existen recursos que le permiten impugnar la decisión, pero una vez que esta es firme y definitiva, su cumplimiento es obligatorio. De hecho, el que existan tantos recursos previstos por la Ley va en contra del principio mismo del arbitraje que supone no acudir a la jurisdicción ordinaria. Pero una vez se agotan estos recursos, el laudo deviene firme y su cumplimiento es obligatorio.

 

Ciertamente, nuestra clase política nos ha acostumbrado a un respeto discrecional y arbitrario de cualquier indicio de autoridad, ya sea bajo la forma de leyes, o de fallos de la Sala de lo Constitucional, y ahora de laudos arbitrales.

 

Más allá del caso en discusión, me parece irresponsable que altos funcionarios salvadoreños hagan declaraciones en las que afirman que no cumplirán el laudo pues es un golpe a la soberanía de los recursos energéticos del país, un “atentado contra el patrimonio nacional”, un “timo de un inversionista extranjero”, como lo llamó el Presidente de la República en su programa radial. Estos son argumentos populistas que no tienen lugar en el país con menor inversión extranjera a nivel centroamericano y que tendrán como único efecto, aparte de reiterar su arrogancia, espantar a los potenciales inversores que verán que ni siquiera se cumplen laudos resultantes de procedimientos de resolución de conflictos pactados de mutuo acuerdo por las Partes.

 

La inversión extranjera no se atrae solo mediante alianzas con países de bloques con ideologías afines, y la inversión nacional no se mantiene con base en puro clientelismo. Se consiguen garantizando a las empresas un marco jurídico estable, un clima de negocios favorable, una institucionalidad sólida. Sin esto, poco importará la aprobación de nuevas Leyes de inversión.

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