Opinión

5 Sep 2014
Opinión | Por: Jacqueline Martínez

CSJ: “Pueblo, pero si solo es un 15% más”

Mientras unos ganan más de lo que deben, otros deben más de lo que tienen. La repartición de riquezas en nuestro país sigue siendo igual que hace décadas: mal distribuida.

El salario mínimo vigente es de 242 dólares desde enero del 2014, según el Ministerio de Trabajo. Mejor me rio (por no llorar) al tratar de compararlo con el costo de la canasta básica, que ronda los 198.53 dólares mensuales por familia, según la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). De eso sobra únicamente 43.47 dólares, que deben ser usados para pagar: casa, luz, agua entre otros.

Con problemas matemáticos como el anterior se enfrentan día a día muchas familias salvadoreñas, tratando de estirar lo poco que ganan para alimentar las bocas de aquellos que componen su hogar. Mientras tanto, el Órgano Judicial discute un nuevo aumento salarial. El pasado 2 de septiembre el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó un aumento salarial del 15 por ciento para todos los jueces y magistrados. Este nuevo incremento será efectivo a partir de enero del próximo año.

La mayoría de estos funcionarios tienen ingresos que van desde los mil 563 dólares hasta los 2 mil 310. A esto le sumamos 500 dólares que se les entrega por gastos de representación. Un juez de paz que gana la primera cifra tendrá ingresos de 2 mil 372.35 dólares a partir del 2015, es decir, nueve salarios mínimos. Nada de qué quejarse, pudiendo pagar 11 canastas básicas en un mes.

Es indignante ver cómo autoridades de dicho Órgano parecen no tener conocimiento de la situación económica que atraviesa el país y mucho menos de los altos índices de pobreza que forman parte de nuestra realidad nacional. Hombres y mujeres salvadoreñas que cada mañana se levantan temprano, desayunan el famoso “pan con café” (para ahorrar un poco) y que se van hacia sus trabajos, haciendo uso del transporte colectivo que pasó de ser incomodo a convertirse en una zona de peligro. Apenas y logran obtener un sueldo que les permita mantener una vida digna.

Su fuerza de trabajo es vista como mano de obra barata, pero es tan importante para cada empresa, que sin ella la producción bajaría provocando pérdidas. Sin embargo, los empresarios conocen la necesidad de la gente y se aprovechan de ello. Por su parte, el Estado parece no velar por los derechos de los trabajadores, solo le importa su bienestar económico; el pueblo que se “rebusque y vea cómo sale”.

En contraste se encuentran aquellos jueces que dejan en libertad a pandilleros, secuestradores, asesinos, que además son corruptos y favorecen a criminales. Estos han sido premiados con un pequeñísimo aumento, sumado a que comen muy bien, andan en grandes camionetas y tienen lujosas viviendas. ¿Pequeñas diferencias e insignificantes diferencias?

No sé si quejarme más de las injusticias de algunas empresas o de las barbaridades de nuestros funcionarios que parecen ponerse de acuerdo para “fregar” más a la población. El Ministro de Hacienda ha cuestionado muchas veces las finanzas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y además ha señalado que la Corte paga cinco bonos cada año a todos sus empleados y los trabajadores de la empresa privada reciben un mísero aguinaldo cada año (¡solo uno!).

No sería extraño que durante lo que queda del 2014 veamos que otras carteras de Estado agreguen al presupuesto del próximo año aumentos para sus colaboradores, sin aplicar una verdadera austeridad -que ha sido tema tanto del último como del actual Gobierno- que bien que le hace falta a nuestra economía.

Confiemos en que nuestros jueces y magistrados harán conciencia y que algún día realizaran bien su trabajo, como corresponde (mereciendo su salario, sin aumentos). Que se interesen más por los problemas delincuenciales que aquejan a nuestra población, haciendo valer la justicia, juzgando como se debe y logrando condenas que permitan a todo criminal pagar por su delito.

 

 

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