Opinión

15 May 2013
Opinión | Por: Juan Martínez

Consecuencias imprevistas y la evaluación de políticas públicas

Considerando la complejidad de la economía, toda política debe valorarse en función de sus consecuencias esperadas (de acuerdo con los objetivos que persigue) y a sus consecuencias imprevistas (las que no estaban dentro del plan).

Para mencionar un ejemplo reciente, me concentraré en el cambio del esquema del subsidio al gas en 2011. Las consecuencias esperadas fueron claras: subsidiar la oferta beneficiaba a cualquier consumidor sin importar su posición social. La transferencia directa a la demanda permitiría la focalización, reduciendo el gasto en el subsidio sin reducir el monto efectivo del beneficio para los consumidores que sí lo necesitan, eliminando también la comercialización ilegal de tambos subsidiados fuera de las fronteras. ¡Brillante!

La consecuencia no deseada: nadie obligaba a las familias a gastar en gas el dinero del subsidio, por lo que se cree que algunas familias prefirieron gastarlo en leña, junto con todos los efectos negativos que esto tiene para la salud y el medio ambiente. El esquema resultante, más que un subsidio, fue una transferencia de efectivo basada en el consumo de energía que usaba al gas como excusa, nada más que eso.

Hagamos el mismo ejercicio mental con el incremento al salario mínimo, que se está discutiendo en estos días. Las consecuencias esperadas son evidentes: los salarios son muy bajos para muchos trabajadores, hay que subirlos para mejorar sus condiciones de vida… ¡Obvio! Pero las consecuencias no deseadas, pueden ser muy sutiles en este caso.

El sector informal en El Salvador emplea cerca del 50% de los trabajadores urbanos según la EHPM 2011 y tiende a estar compuesto por personas más jóvenes y con menos escolaridad que el sector formal, además de componerse en mayor medida de mujeres. Dichos trabajadores se dedican principalmente al comercio y obtienen ingresos que son típicamente menores a los de sus contrapartes formales. ¿Cuál es la relación con el salario mínimo? Bien, usualmente el argumento en contra del salario mínimo es que genera desempleo. La lógica es simple: algunas personas (especialmente jóvenes poco educados) reciben un salario reducido por su baja productividad, por lo que tras un incremento al salario mínimo pasan a ser una pérdida para sus empleadores, quienes tienen que despedirlos. En El Salvador esto no implica necesariamente que ellos quedarán sin empleo, ya que el sector informal (¡50% del mercado laboral urbano!) es “inmune” al salario mínimo y seguramente absorberá a los trabajadores afectados. Aunque debatible, es posible que los salarios de los trabajadores informales incluso se vean disminuidos ante el incremento repentino de la oferta de mano de obra no calificada en trabajos característicos del sector informal. Existe también un efecto menos visible: el sesgo hacia la informalidad. Los jóvenes que en el futuro comiencen a buscar trabajo probablemente encontrarán menos oportunidades para mano de obra no calificada y tendrán que recurrir también al sector informal.

El salario mínimo entonces tiende a beneficiar más a las personas que ya tienen un trabajo y pueden mantenerlo, pero dificulta el acceso al empleo formal para los menos productivos (que casualmente son los más pobres también), fomentando la informalidad… ¡Ups!

¿Es esta historia cierta? Puede ser, pero no sabremos con certeza a menos que se haga una evaluación profunda (con suerte, se realizará antes de tomar cualquier decisión y se hará pública). “Yo creo que los empresarios pueden absorber el incremento” no es un criterio serio, es necesario hacer un intento por cuantificar el impacto neto de posibles consecuencias negativas. Es cierto, ARENA también subió el salario mínimo y tuvo una pobre tradición de evaluación cuantitativa de políticas, invito entonces al Gobierno del CAMBIO a no cometer el MISMO error.

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