Opinión

7 Dic 2016
Opinión | Por: Mario Hernández Villatoro

Ciberataque legal

Los principales rotativos han querido imponer la moda de los ciberataques. No pretendo detenerme en la conveniencia o no, de reservarles un espacio en las portadas, pero sí pretendo plasmar un análisis jurídico de los delitos que constantemente mencionan: violación de derechos de autor y de derechos conexos, violación de distintivos comerciales, falsedad material y agrupaciones ilícitas. Veamos.

El primer ilícito se encuentra determinado en el artículo 226 del Código Penal, en el cual se cita un extracto: “el que a escala comercial reprodujere, plagiare, distribuyere al mayoreo o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria o artística o su transformación o una interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte […]”.

El resaltado personal aduce aspectos importantes valorables en el análisis de este delito. Ataca directamente a la propiedad artística o literaria, la cual contiene dos dimensiones: moral y patrimonial. El aspecto moral se vulnera al publicar la obra ocultando su nombre, destruir la misma, entre otras; el ámbito patrimonial implica el beneficio económico proveniente de la utilización de obras.

Empero, al inicio de la citada disposición establece una frase clave: “escala comercial”, y a pesar que las leyes no suelen detallar el significado de determinadas palabras, el legislador se tomó la molestia de explicar el alcance de dicha frase: “Escala comercial incluye la infracción dolosa significativa de derecho de autor y derechos conexos, con el fin de obtener ventaja comercial o ganancia económica privada […]”. ¿Qué implica esto? Al someter el hecho fáctico a un análisis jurídico del delito, debe tomarse siempre en cuenta el ánimo de lucro. Si no existe intención de obtener ventajas económicas, la conducta es atípica.

Por otra parte, el artículo 229 del Código Penal esboza: “el que con fines industriales o comerciales, y sin el consentimiento del titular, reprodujere, imitare, modificare o de cualquier modo utilizare marca, nombre comercial, expresión, señal de propaganda o cualquier otro distintivo comercial […]”.

Este ilícito se encuentra establecido en el título IX de los delitos relativos al orden socioeconómico. Ello implica la ruptura del orden legal de tipo económico, cuyo hecho punible atenta contra las relaciones económicas públicas o privadas. Así lo deja entrever el precepto mencionado, específicamente en mi subrayado: “con fines industriales o comerciales”.

Por ende, además de comprobar la utilización de marcas, nombres o expresiones comerciales por parte del sujeto activo, se debe determinar el peligro de la ruptura del orden socioeconómico y directamente un menoscabo al derecho patrimonial de la víctima y a la vez, una ventaja económica del actor. De lo contrario, retornando al artículo anterior, no existe conducta típica que perseguir.

En lo referente al delito de falsedad material, el art. 283 del Código Penal arguye la realización de un documento público, auténtico o privado total o parcialmente falso o la alteración de uno verdadero.

De conformidad con los arts. 331 y 332 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos públicos son expedidos por notarios o funcionarios públicos y los documentos privados son emitidos por particulares. Estos deben ser imprescindibles para la existencia del tráfico jurídico, es decir, debe trascender en el tiempo y tiene que servir para probar hechos. Las declaraciones no destinadas al tráfico jurídico, como los diarios personales o la expresión de falsas declaraciones sin tener trascendencia jurídica, no son hechos punibles.

En el delito de agrupaciones ilícitas no es necesario ahondar, puesto que si la agrupación de personas no comete hechos punibles, obviamente se desvanece la acusación y se convierte en hecho atípico.

Es repetitivo en los salones de clases de pregrado, postgrado y capacitaciones, que el Derecho Penal es la última ratio que el Estado debe utilizar para lograr el restablecimiento o resarcimiento de bienes jurídicos conculcados. Esto no significa que tales conductas deban quedar impunes, previamente se debe agotar mecanismos jurídicos menos lesivos, como dirimir la violación de derechos de propiedad intelectual en una sede judicial con competencia en derecho mercantil.  Es peligroso –en un supuesto Estado de Derecho-, que las autoridades estén utilizando subterfugios jurídicos y manipulando a su conveniencia las leyes e instituciones solamente para sacar del juego a personajes que les estorban. Aquél modelo de Estado absolutista tuvo que superarse hace mucho.

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