Opinión

12 Jul 2018
Opinión | Por: Karen López

Algo muy parecido al arrebato de derechos

La sociedad no es un antojo del momento para arrebatar derechos, hacer atropellos y crear leyes fundamentadas en los interés políticos y económicos de algunos sectores sociales. El agua, y su eterno debate.

Por años la privatización del agua se ha detenido con la lucha permanente de no dejar que entidades privadas puedan tomar el control, y la excusa recurrente por parte de la empresa privada de cuidarla, distribuirla adecuadamente y tener un mejor control. ¿En qué momento los miembros de la Asamblea Legislativa pretenden respetar nuestros derechos o tomar en cuenta nuestra postura como sociedad civil? 

La opinión de la ciudadanía representa los intereses comunes, no el de unos pocos. Es lo que se ha visto en diferentes iniciativas en las que personas de todas partes del país han protestado por ser escuchados. Escuchados por ustedes, por los que un día prometieron cuidar de la población, hacer patria y contribuir al desarrollo del país con respeto.

No es salirse de contexto, al contrario, es contextualizar el problema. El manejo y administración de los recursos hídricos ha dejado de ser un problema biofísico o de gestión de recursos naturales y se ha transformado en un proceso social, económico y político.

Diputados de ARENA, GANA, PCN y PDC presentaron el 14 de junio una propuesta de “ley especial integral del agua” en la que coincidieron en que la regulación de los recursos hídricos del país recaería en una autónoma llamada “autoridad hídrica”, la cual estaría adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y estaría, incluso, sobre la ANDA.

En esta propuesta de ley se destaca que la “autoridad hídrica” tendría la administración total, y entre sus facultades estarían fijar las tasas por servicios administrativos, técnicos y científicos prestados a terceros, sean estos públicos o privados; establecer el monto anual de las tasas por uso y aprovechamiento de los recursos hídricos y vertidos; autorizar o suspender permisos otorgados para la exploración; sancionar por violaciones a la ley; y elaborar y aprobar un plan nacional hídrico, incluyendo los planes zonales de cuenca.

Porque si bien es cierto las gestiones generales son coordinadas por instituciones reguladoras, en nuestro país el acceso al agua ha sido constantemente amenazado por proyectos de inversión o turísticos, por la deforestación, las industrias extractivas y los mono cultivos. A todo esto se suma el desinterés del Estado en reconocer dicho derecho a nivel constitucional.

La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), asegura que el análisis debe ser más integral, ya que, no hay dentro de la toma de decisiones una representatividad ciudadana,  aventajando así al sector empresarial en el momento que acredita a la ANEP como el representante único de la empresa privada; al momento que pondera la participación de la ANEP con un número de dos representantes y excluyendo la participación de la población en general.

Es de mencionar, que Carlos Calleja ha presentado en la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma Constitucional para garantizar que la administración del agua esté a cargo del Estado y no se privatice.

Aclaro, ojalá su postura no sea momentánea. Porque la postura de cada individuo  debe ser frontal e inamovible. Busquemos participación para que al momento de tomar decisiones los políticos no se dejen guiar por su poco sentido social.

Sin embargo, si a alguien se le olvidará de repente sus promesas fingidas que pregonaban en las elecciones, según ustedes, por construir un mundo mejor; no se preocupen, que con gusto se los estaré recordando

 

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