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El miércoles pasado amanecimos con una triste noticia. Alrededor de 350 personas murieron calcinadas por un incendio en un centro penal en la ciudad de Comayagua, Honduras. Las reacciones en Twitter no se hicieron esperar y llovían tanto celebraciones como lamentos.
En la nota online de un periódico nacional, leí un comentario de un lector que decía “Un incendio de esos nos hace falta en mariona, zacatras, ciudad barrios”. No es la primera vez que escucho un comentario parecido. La gente está tan desesperada por la violencia que pide, a costa de cualquier medida o atropello, que se combata a quienes generan violencia.
Es una situación difícil y delicada. Hace algunos meses platicaba con un compañero de universidad sobre el problema de la violencia en El Salvador, y hablábamos de lo complicado que es tener la cabeza fría para tomar buenas decisiones y posturas en cuanto a este problema. Se entiende que personas que han perdido a un hermano, a una madre o a un hijo a manos de la violencia, estén a favor de políticas como la pena de muerte o que “accidentes” como los de Honduras sucedan acá. Es difícil de imaginar el dolor que pueden sentir estas personas por la pérdida de un ser querido o por encontrarse amenazados permanentemente por la zona donde viven.
Dirán que para quienes la violencia no los ha tocado o marcado de por vida, es muy fácil oponerse a estas posturas, y claro que lo es, pero no por eso deja de ser una postura válida. No por el dolor, o cualquier sentimiento fortísimo que se tenga de exigir justicia, se debe rebajar a ultimar la vida. ¿Acaso no es esto dirigirse por los mismos estándares del criminal? Por algo suponemos vivir en una sociedad organizada donde se garanticen derechos, no que se inventen, limiten o eliminen.
Así como no apoyo la pena de muerte, tampoco estoy de acuerdo con un genocidio, accidental o no, como con un incendio en un centro penal. La pena de muerte, como lo he mencionado en una columna anteriormente, es un arma extrema del Estado para alienar a un individuo de un derecho inalienable. Los reos, antes de ser reos, son personas. Estar a favor de proteger el derecho a la vida de las personas encarceladas no es apoyar el crimen que cometieron, por algo están presos pagando una condena.
Si bien a muchos esto no nos cae mucho en gracia, después de todo las cárceles se mantienen con nuestros impuestos, hay formas en las que los presos pueden retribuir a la sociedad por sus delitos por medio de trabajo comunitario o la venta de bienes y productos que puedan producir en una cárcel.
Una vida es una vida, ya sea de una persona que actúe en contra de las reglas de la sociedad o no. No hay unas que valgan más que otras, todos tenemos el mismo derecho a ella. La falta a reconocer esto es situarse en el mismísimo lugar del criminal, no respetando ni dándole el valor debido a la vida del prójimo. Hay que separar sentimientos, por muy difícil que sea, del raciocinio, especialmente en algo tan delicado como la vida de una persona.
*Jefe de Entrevistas de MedioLleno