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El rol de la familia como entidad nuclear de la sociedad es innegable. En su seno, se nos inculcan (o no) los valores básicos como el respeto a los demás, la honestidad y la solidaridad, que a través de acciones y comportamientos, facilitan la convivencia. Pero no hace falta ser la persona más perspicaz del mundo para darse cuenta de que en El Salvador, muchos parecen confundir el ser solidario –algo que, muchos afirman, nos caracteriza- y velar por el bien de su familia, con hacerle favores manifiestamente anti-éticos a los parientes.

Ese conflicto entre familia y trabajo, ilustrado con numerosos ejemplos en los medios de las últimas semanas, no es nuevo. En la gran mayoría de reglamentos internos de empresas así como los Códigos de Ética Profesional, se establecen incompatibilidades que impiden a alguien ocupar un puesto para evitar situaciones de conflicto de interés y favorecer un mejor desempeño cuando la imparcialidad es una garantía necesaria. La Ley de Ética Gubernamental, cuyo objeto es “normar y promover el desempeño ético en la función pública del Estado y del Municipio y prevenir, detectar y sancionar la corrupción contrarios a los deberes y prohibiciones éticas” (art. 1) no es excepción.

En su art. 14.c), dicha Ley trata sobre las incapacidades en los puestos del Tribunal de Ética Gubernamental y establece que “No podrán ser electos o designados como miembros del Pleno (…) el cónyuge, conviviente o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, con el Presidente o Vice-presidente de la República, Diputados de la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano…”.

Es tragicómico ver que el Tribunal de Ética Gubernamental, encargado de “normar y promover el desempeño ético en la función pública  ético” contradiga de forma tan evidente su propio fundamento. El nombramiento de la esposa de un diputado como una de los cinco jueces que conforman el Pleno (art. 18), constituye claramente una violación a dicha disposición. Sin importar cuántas vueltas le quieran dar o cuáles interpretaciones surrealistas de la norma quieran hacer.

Por otro lado, hace algunas semanas la asociación Iniciativa Social para la Democracia (ISD) publicó su Informe de Monitoreo de Transparencia a la Gestión de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2009-2012 que incluye ejes como rendición de cuentas y promoción de valores éticos y democráticos, entre otros, y que denuncia falta de transparencia en la depuración y casos de compra-venta de plazas en la institución. En su pág. 113, el documento presenta estadísticas con nombre y apellido para concluir que 12 de los 15 magistrados tienen, en total, a 35 familiares favorecidos en la Corte. Lejos de ser hechos aislados y excepcionales, afirma que la atribución de plazas a familiares es una práctica que se percibe como “normal”. Hay de qué preocuparnos.

Para que un funcionario público pueda hacer su trabajo con imparcialidad, tiene que ser ético por vocación y convicción, actuar individualmente con comportamientos irreprochables (sin pretensión de ser moralista) que respalden su proyección en el ámbito profesional, sobre todo en órganos como éstos.

Esto de ética profesional y transparencia no son reivindicaciones precisamente nuevas. Es algo que todos los grupos de sociedad civil comprometida defienden, exigiendo menos corrupción y más compromiso de los funcionarios públicos. Es también una de las motivaciones de los integrantes del Grupo Promotor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que han hecho hincapié en reiteradas ocasiones en la importancia de que los ciudadanos puedan saber cómo actúan los servidores públicos, los contribuyentes saber qué uso se le da a sus impuestos. En tres palabras: rendición de cuentas.

Gracias a este tipo de informes y publicaciones, podemos estar al tanto de esto y así fiscalizar a los funcionarios públicos. Ahora falta que las autoridades encargadas tomen las acciones correspondientes, lo que se complica cuando las mismas son culpables de lo que pretenden combatir.

*Jefe Columnista de Opinión de MedioLleno