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25 Feb 2014
Noticias | Por: Redacción

Te explicamos qué es eso que se llama “fuero constitucional”

El fuero constitucional es otorgado a ciertas personas a razón de su cargo. En El Salvador, este tipo de inmunidades se aplica, principalmente, para los legisladores y el presidente de la República. Es un derecho respaldado por la Constitución, máxima normativa del país. El caso más sonado sobre la eliminación del fuero fue el de Rodrigo Samayoa, exdiputado de GANA, en septiembre de 2012.

En los últimos días se ha escuchado mucho la palabra “fuero” de boca del presidente de la República, Mauricio Funes, y algunos diputados como Roberto d’Aubuisson y Mario Valiente de ARENA. En su caso, Funes ha arremetido contra varios diputados del principal partido de oposición. Más recientemente, en la entrevista Diálogo con Ernesto López, este lunes 24 de febrero, el mandatario aseguró que podría demandar por calumnias a Ana Vilma de Escobar, diputada de ARENA, a pesar de su fuero como legisladora.

Sin embargo, seguramente muchos salvadoreños desconocen a qué se hace referencia cuando se menciona esa palabra “fuero”. De acuerdo con la Asamblea Legislativa, “el fuero es el conjunto de privilegios otorgados a ciertas personas por la Constitución, en razón de su cargo o empleo. Por ello también se le conoce como fuero constitucional, que es sinónimo de inmunidad o inviolabilidad”.

Según la Real Academia Española de la Lengua (RAE), inmunidad parlamentaria se entiende como la “prerrogativa de los senadores y diputados que los exime de ser detenidos o presos o procesados y juzgados sin autorización del respectivo cuerpo legislador, salvo en casos que determinan las leyes”.

Además, el Legislativo recalca que “excepcionalmente, la Constitución salvadoreña reconoce este beneficio a ciertos funcionarios del Estado, con el objeto de protegerlos contra acusaciones malintencionadas, otorgándoles el privilegio procesal del antejuicio. No se trata de una garantía de impunidad”. El artículo 190 establece que “se prohíbe el fuero atractivo”, es decir, una aplicación desigual de la ley penal. La Asamblea aclara que el fuero atractivo se opone al fuero común, según el cual todas las personas son iguales ante la ley y que está estipulado en el artículo 3 de la Constitución.

De acuerdo con el artículo 238 de la máxima normativa salvadoreña, los funcionarios que más gozan de este beneficio son los diputados, ya que “no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin de su período para el que fueron elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que hay lugar a formación de causa”.

Los casos sonados

Un ejemplo de esto último fue en septiembre de 2012, cuando los legisladores decidieron desaforar a Rodrigo Samayoa, entonces diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), quien fuera acusado de violencia intrafamiliar por su exesposa Mireya Guevara.

Asimismo, uno de los actuales diputados que ha sido favorecido con el fuero es Francisco Merino, del Partido de Concertación Nacional (PCN). En agosto de 2000, Merino fue protagonista de un escándalo por conducir ebrio, lo que provocó que las autoridades lo detuvieran y en el que resultó una policía herida de bala, a causa de una discusión con el legislador. Por tratarse de un diputado, no fue enjuiciado como responsable del incidente.

De igual manera, Mauricio Funes ha provocado diversas reacciones por declaraciones dadas en su programa radial “Conversando con el presidente”. Entre las afirmaciones más escandalosas están las acusaciones contra Juan José Rendón, asesor de la fórmula de ARENA, quien presentó una demanda por calumnias y difamación. También, el mandatario declaró que miembros de ARENA tenían estructuras de inteligencia dedicadas a la persecución política, que hacían terrorismo cibernético, ante lo cual el partido acusado aseguró que podría demandarlo al terminar su período por el mismo delito. Vale mencionar, que el fuero del cual goza el mandatario finaliza el próximo 1 de junio.

Finalmente, otro de los casos sonados fue cuando los diputados de ARENA, Roberto d’Aubuisson y Mario Valiente, afirmaron a los medios que disponían de documentos que mostraban el pacto entre el gobierno y las pandillas. La Fiscalía General de la República (FGR) indagó cómo los legisladores habían obtenido las pruebas y concluyeron que un auxiliar fiscal les había facilitado, quien aún está siendo investigado, no así los diputados que presentaron los audios y una carta al secretario privado de la Presidencia, Francisco Cáceres.

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