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15 Mar 2018
Noticias | Por: Redacción

Si cometés un error, te despiden ¿Por qué estos 6 funcionarios siguen en sus puestos con normalidad?

¿Has oído hablar de políticos corruptos ligados al narcotráfico o que fallan en la labor por la cual fueron contratados? Estos son algunos de los funcionarios que deberían renunciar ¿Qué otros se te vienen a la mente, luego de sus escándalos mediáticos?

Algunos de estos políticos siguen laborando dentro del Gobierno; otros están prófugos, pero sus sucesores están a cargo; mientras que, los más desafortunados, se encuentran en un proceso judicial.

Para ser funcionario dentro del Gobierno de El Salvador es necesario tener capacidad para el puesto e instrucción notoria. ¿Será que estos funcionarios cumplen con alguno de estos requisitos? Acá los seis funcionarios que deberían o debieron renunciar a sus cargos públicos.

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El director de la PNC, Howard Cotto, por el caso #CarlaAyala

Hace 77 días desapareció la policía Carla Ayala luego de una fiesta de fin de año que se celebró en la sede del Grupo de Elite de Reacción Policial (GRP), de la PNC, en la Residencial San Fernando, en San Salvador.

A pesar que haber detenido a cuatro agentes que supuestamente encubrieron el hecho y ayudaron a escapar al supuesto policía agresor, aún no se sabe el paradero de Ayala y su agresor está prófugo. A los 28 días, la PNC realizó una exhumación en una tumba, en San Francisco Javier, Usulután; pero, resultó que el cadáver pertenecía a una señora de 91 años.

“No fallaron las investigaciones policiales, toda investigación funciona con base en hipótesis y en todo hecho hay dos, tres o más hipótesis o líneas. Vamos a seguir indagando”, explicó el director de la PNC, Howard Cotto.

Y cuando se le preguntó si renunciaría luego del error en la excavación, Coto dijo: “No he pensado, ni siquiera se me ha pasado por la mente renunciar al cargo por lo que ha ocurrido en el caso de nuestra compañera Carla Ayala”.

Alcalde de Chalatenago, Lucio Ayala, supuesto cabecilla narcotraficante

Cortesía: elsalvador.com

De acuerdo a la Policía Antinarcóticos, el alcalde de San Antonio de la Cruz, Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores, es la cabecilla de una narco organización que tenía su funcionamiento en la frontera con Honduras.

El edil reelecto fue capturado el 07 de marzo, ya que según el informe policial, la droga era distribuida desde hace un año en la zona norte de El Salvador y, sobre todo, en San Salvador.

“Él (Ayala) tiene participación activa en el caso. El proceso incluye un allanamiento a la alcaldía porque tenemos información de que desde la alcaldía misma se hacía el proceso de distribución de drogas”, comentó el director de la Policía. Dentro de la operación “Cruz” se decomisaron un vehículo, cuatro armas de fuego y cerca de $721 dólares en efectivo.

Los magistrados del TSE que contrataron a “Smartmatic” para las elecciones

Para diciembre 2017, los magistrados del TSE dijeron que no se tendrían fallas, ni errores en el conteo de votos de las elecciones de diputados y alcaldes 2018; además, que los resultados se obtendrían más fácilmente que en las elecciones de 2015.

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Luego de negociar el contrato con varias empresas, el TSE decidió contratar para la transmisión y procesamiento de los resultados electorales preliminares a Smartmatic; mientras que, tendrá el respaldo de la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-Web), originaria de Corea del Sur.

Smartmatic recibiría $3.3 millones por el trabajo; mientras que la empresa surcoreana mediante un convenio, por el que se recibió una donación de $1,800 dólares en escáneres para transmitir las actas con los resultados.

Aun así, para el día después de las elecciones, el 05 de marzo, la empresa contratada para contar los votos, Smartmatic, dijo que hubo un error en el sistema de conteo a causa de un “error humano”. “Este error fue un error humano de quien hizo el script (código digital para procesos informáticos) que no pudo ser detectado durante los simulacros”, comentó el director de Smartmatic, Francisco Campos.

“Esta piecita de software provocó este error en un grupo reducido de actas y afectó a departamentos que tienen más de nueve diputados”, añadió Campos. 

El subdirector del ISSS acusado de acoso sexual

En 2010, el actual subdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Milton Giovanni Escobar, admitió haber acosado sexualmente a una doctora de la Unidad de Salud del ISSS en Apopa.

Este subdirector ocupa el cargo desde la administración del ex presidente Funes y se le volvió a nombrar como funcionario, por el presidente de la República Sánchez Cerén, incluso cuando la denuncia en su contra estaba en proceso.

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Escobar asumió su error y pidió disculpas públicas a la víctima, pero nunca se planteó la opción de renunciar a su cargo. La víctima Margarita interpuso la demanda en mayo del 2010 contra Escobar y luego de recoger las pruebas, e investigaciones respectivas, se ordenó la captura del subdirector del ISSS. La inocencia fue defendida por el exdirector del Instituto, Óscar Kattán.

El alcalde prófugo de Metapán, Juan Samayoa, por supuestos vínculos con narcotráfico

Cortesía: elsalvador.com

Para abril de 2017, la Policía Nacional Civil (PCN) anunció que buscaban al alcalde de Metapán, Juan Samayoa, por tener supuestos vínculos con la estructura de narcotráfico de José Adán Salazar Umaña, también conocido como “Chepe Diablo”.

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Esta estructura de narcotráfico habría lavado más de $48 millones de dólares y la empresa Agroindustrias Gumarsal, donde es socio Chepe Diablo, tenía transacciones de más de mil millones de dólares desde 2014, según explicó Cotto en la conferencia.

Umaña desarrollaba su cuarto período en el municipio fronterizo con Guatemala, pero en su ausencia le sustituyó José Rigoberto Pinto, ahora candidato electo de acuerdo al escrutinio preliminar del TSE. De acuerdo al Portal de Transparencia de la Alcaldía de Metapán, el alcalde gana de $3 mil a $5 mil 700 dólares mensuales.

Ministro de Justicia y Seguridad por “medidas extraordinarias” y homicidios

Cuando se cambió el ministro de Justicia y Seguridad, el Gobierno del FMLN prometió que habría mayor efectividad en la estrategia para que los salvadoreños vivieran sin inseguridad. Benito Lara, ex ministro de Justicia y Seguridad, pasó a ser asesor de seguridad del Gobierno y Mauricio Ramírez Landaverde llegó a la cabeza del ministerio, luego de ser director de la PNC.

Sin embargo, a pesar de prometer esto, para el cierre del 2017, El Salvador terminó con 3 mil 954 muertes, según cifras oficiales de la Policía. Aunque, se estimó hubo una reducción de más de 1 mil asesinatos en comparación con el 2016.

Mientras que, 46 policías y 23 militares murieron como víctimas de la violencia, la mayoría de estos en enfrentamientos con las pandillas; y alrededor de 411 pandilleros perdieron la vida en combate contra la Policía.

Por otro lado, luego de la aprobación de las medidas extraordinarias se ha visto un incremento de muertes violentas de la población. Según las cifras de organizaciones civiles, antes de estas medidas contra el crimen 15 salvadoreños morían por cada agente asesinado; pero luego, para el 2016, la cifra subió a 60 y en 2017, 112. “Pareciera que hay un ciclo de venganza en una guerra no declarada entre policías y pandilleros”, explicó la miembro del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna.

Para el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, el Gobierno del FMLN debería quitar la vigencia a las medidas extraordinarias. De acuerdo a las estadísticas de Centros Penales, hubo 104 muertes en los centros de detención para 2016 y, un año después, estas aumentaron a 253.

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