Noticias

16 Oct 2013
Noticias | Por: Redacción

Sánchez Cerén viajó con goce de sueldo para hacer proselitismo

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de El Salvador (ALAC), quien forma parte de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), presentó su “Tercer informe sobre asesoría legal en casos de petición de acceso a la información pública y denuncias de corrupción”. El estudio abarca el período entre mayo y septiembre de este año. Entre los hallazgos más importantes se destaca un viaje que realizó el vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, hacia Estados Unidos y que fue pagado a pesar de haber ido a hacer campaña política.

De acuerdo con ALAC, “el viaje del vicepresidente fue a California, Estados Unidos, del 15 al 19 de agosto de este año y fue autorizado por el presidente Funes mediante un permiso con goce de sueldo”. Según Xenia Hernández, colaboradora jurídica del Centro, el viaje se realizaría “a fin de sostener reuniones promovidas por la comunidad salvadoreña residente en esa ciudad. Sin embargo, según una carta con fecha de 14 de mayo, el presidente está de acuerdo en conceder permiso para misión no oficial. Él iba a efectuar campaña política, lo cual es bien preocupante porque significa que esos días que él se fue a hacer proselitismo, ganó un sueldo que los contribuyente pagamos”, sostuvo Hernández.

Asimismo, la institución afirmó que en el documento presentado por Sánchez Cerén, el día 14 de mayo, se detalló que el viaje no requeriría el pago de boletos aéreos ni viáticos a cargo de la Presidencia de la República. No obstante, sí pidió que la concesión fuera con goce de sueldo.

Otros hallazgos

El informe de ALAC-FUNDE resalta que el trámite de peticiones de acceso a la información pública realizados por sus miembros ha permitido identificar una serie de factores que restringen o vuelven más engorrosa el proceso para solicitar este tipo de información. “Algunas autoridades incurren en infracciones legales y delitos que hasta el momento no ha sido posible constatar, pero que afectan no solo la seguridad jurídica sino que la integridad del derecho fundamental de los requirentes de información”, afirma el reporte.

Entre las acciones que las autoridades encargadas de brindar la información pública realizan en contra de la ley está la alteración del procedimiento de acceso a la información. De igual manera, hay una intervención de funcionarios ajenos al procedimiento que estipula la ley, cuando el principal vínculo entre el solicitante y la institución es el oficial de Información. Por último, algunos funcionarios exigen el uso de formularios oficiales para brindar la documentación, mientras que el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) asegura que las peticiones pueden hacerse de forma “escrita, verbal, electrónico o por cualquier medio idóneo, de forma libre o en formularios”.

 

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